Varias embajadas en Birmania (Myanmar), incluidas las de varios países europeos, la Unión Europea (UE) y Estados Unidos, denunciaron este viernes los «actos abominables» de la junta militar golpista y pidieron el fin de la represión de las protestas y de la censura de la prensa e internet.
En un duro comunicado, las delegaciones diplomáticas afirmaron que la «brutal violencia» por parte de las fuerzas de seguridad contra civiles desarmados, a veces durante la noche, es «inmoral e indefendible».
Los diplomáticos se refirieron a la represión ejercida en el Hlaing Tharyar, un distrito obrero de la ciudad de Rangún especialmente reprimido por los soldados y policías, que han matado a más de 220 manifestantes en todo el país desde el golpe militar del pasado 1 de febrero
Así, las embajadas pidieron a las autoridades el fin de la violencia, la liberación de los detenidos, el levantamiento de la ley marcial y la ley del estado de emergencia, que se levanten las restricciones a las telecomunicaciones y se devuelva el poder al Gobierno electo.
«Apoyamos el derecho de los birmanos a protestar de manera pacífica y apoyamos su derecho al acceso a la información», aseveraron las delegaciones europeas y de EE.UU.
Periodistas limitados o detenidos, medios silenciados
Además de la represión de las protestas, la junta militar golpista aprobó una ley para amordazar a los periodistas, ha retirado las licencias a numerosos medios y ha detenido al menos a 39 reporteros, al tiempo que otros han huido del país.
Las autoridades llevan 33 noches consecutivas cortando la conexión de internet y en los últimos cinco días ha bloqueado la conexión de datos móviles, lo que imposibilita la retransmisión en directo de las manifestaciones en contra del régimen militar.
«Los apagones de internet y la represión de la prensa no ocultará los actos abominables del Ejército», advirtieron los diplomáticos de la UE y países como Estados Unidos, España, Francia, Dinamarca, Italia, Holanda, Suecia y Reino Unido.
Los militares tomaron el poder con la excusa de un supuesto fraude electoral en los comicios del pasado noviembre, en los que arrasó el partido de la líder depuesta, Aung San Suu Kyi, y que fueron dados por buenos por los observadores internacionales.
Desde el golpe, la junta militar ha detenido a más de 2 mil personas, de las que más de mil 900 continúan bajo custodia, incluida Suu Kyi y gran parte de su Gobierno. EFE
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