El estado Carabobo ha ocupado los primeros lugares en el territorio nacional en contagios por COVID-19 durante el primer semestre del año 2021, lo cual se refleja en las cifras de casos positivos publicadas en el sitio web de la plataforma Patria.
Gianina Fusco, coordinadora regional del Observatorio Venezolano de Violencia, asegura que esta situación se puede considerar violencia estructural, porque demuestra que el Estado no está atendiendo a la población como es debido, en medio de la pandemia.
El balance ofrecido por el OVV indica que al cierre de junio hubo un total acumulado de 9.149 personas contagiadas y 35 víctimas fatales. Distribuidas por mes de la siguiente forma: enero con 518 casos y dos decesos, en febrero se contabilizaron 426 contagios sin fallecidos, marzo registró 861 personas infectadas y dos muertes, en abril se informó de 2.991 casos y nueve víctimas fatales, mayo tuvo 2.614 contagios y 16 decesos, y junio cerró con 1.739 contagiados y seis fallecidos.
La ong destaca el hecho de que en las redes sociales es recurrente la publicación, por parte de un gran número de personas, solicitando ayuda económica para cubrir los altos costos de medicamentos y el tratamiento médico indicado para la enfermedad. La entidad cuenta con aproximadamente 300 camas en los centros hospitalarios para atender los pacientes contagiados con COVID-19 y los familiares deben proveer todos los insumos, tales como medicamentos, oxígeno e implementos médicos.
Refiere que el secretario general de Un Nuevo Tiempo en el Municipio Montalbán, Roberto Luna, declaró a los medios que en el occidente del estado no hay forma de afrontar la pandemia debido que en los Centros de Diagnóstico Integral (CDI) de la región no poseen los medios para el suministro de oxígeno ni los insumos requeridos.
Señaló, además, que el hospital de Bejuma está colapsado puesto que no tiene capacidad para atender los residentes de Montalbán, Miranda y Bejuma. Ante ésta realidad, que se repite en toda la región, los afectados deben recurrir a las empresas privadas de suministro de oxígeno y en muchos de los casos no lo pueden pagar.
El plan de vacunación en la región inició en el mes de mayo con la aplicación de la primera dosis de la vacuna Spútnik a personas mayores de 60 años y aproximadamente al 50% del personal de salud.
Al final del mes comenzaron los operativos de vacunación con la vacuna Vero Cell. Estos procesos se caracterizaron por generar largas colas para poder acceder a las vacunas debido a los pocos centros de atención instalados y que, además, contaban con un limitado número de dosis.
Representantes de los gremios, organizaciones de DD.HH. y miembros de la comunidad, entregaron un documento en la sede del ejecutivo regional exigiendo un plan masivo y organizado de vacunación que abarque a la totalidad de la población con vacunas avaladas por la Organización Mundial de la salud (OMS).
Los carabobeños de no ser vacunados, corren el riesgo de contagiarse y no poder superar el COVID-19 en medio de la crisis social que atraviesa el país.
Fusco señala que es difícil sobrevivir sin oportunidades de atención de salud adecuada, suministro regular de servicios de agua potable para aplicar las medidas de higienes recomendadas por la OMS, cortes de energía eléctrica, bajo poder adquisitivo e inseguridad alimentaria.
Ante esta realidad piensa que el Estado debe ser garante del derecho a la vida y a la salud como lo contemplan los artículos 83 y 85 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Con nota de prensa
