Cada vez hay menos oportunidades para que las personas disidentes puedan expresarse. Venezuela es un país donde la libertad escasea como la harina o el café. Los medios tradicionales son una especie en extinción, dijo con preocupación Oswaldo Cali. El abogado y coordinador de Promoción y Defensa de Espacio Público, una Organización No Gubernamental (ONG) acudió este jueves a la Defensoría del Pueblo. Buscaba cambiar esa realidad.
La organización defensora de la libre expresión entregó un par de comunicaciones en el organismo del poder público. La primera para exponer el caso del segundo cierre en menos de un año de El Carabobeño. El Diario del Centro suspendió la circulación de su semanario por falta de papel. El Complejo Editorial Alfredo Maneiro (CEAM) se negó a vender papel por razones políticas, luego de monopolizar el negocio.
Se trata de un caso de discriminación, explicó Cali. Con El Carabobeño las instancias nacionales se agotaron, pero aún así, por tratarse de un tema político, la Defensoría del Pueblo ayudaría con un pronunciamiento público a que se destrabe la relación comercial que impide que desde marzo de 2015 el diario independiente obtenga su materia prima: el papel prensa.
La segunda comunicación es sobre agresiones directas a periodistas extranjeros. Al menos 15 han sido deportados de manera arbitraria, según cálculos de la ONG. Cali rechazó que en estos casos se han violado todos los estándares migratorios suscritos por Venezuela. Le exigieron al Estado, a través de la Defensoría, que presiones a los servicios de extranjería de Venezuela para que se respeten los protocolos y se permita que la prensa trabaje de manera independiente.
