El Gobierno de Nicolás Maduro parece contar con suficiente músculo financiero como para soportar el impacto del aumento del salario mínimo recientemente decretado sin recurrir a la emisión de dinero inorgánico. Ello, por supuesto, le aleja de retomar el ciclo inflacionario que abandonó la economía venezolana.
Así lo reseña, este domingo, un reportaje de Tal Cual en el que se resalta que cuando los precios del petróleo cayeron, en 2014, y el grifo de divisas se cerró, mantener la política de los constantes incrementos salariales fue contraproducente. Cada aumento salarial era financiado por un Banco Central de Venezuela (BCV) que emitía cada vez más dinero inorgánico.
El discurso de Maduro se mantuvo igual. Bajo la consigna de ser el “presidente obrero”, aprobó aumento tras aumento mientras mantuvo la narrativa de “apoyar” al trabajador venezolano.
En paralelo, destruyó la economía con políticas regulatorias que defendía con un discurso populista. Regulación de precios para “combatir la especulación”, control cambiario para “enfrentar al dólar criminal” o la toma de empresas porque “los trabajadores las manejarán mejor”.
Todas estas políticas acabaron con la producción nacional mientras la masa monetaria del país crecía exponencialmente por el dinero emitido por el BCV. Como resultado, la inflación alta se convirtió en hiperinflación y el bolívar perdía valor cada minuto que pasaba. Los salarios reales se desvanecieron y cada ajuste solo colaboraba con la devaluación de la moneda.
El período de mayor cantidad de incrementos salariales
De hecho, fue el período de hiperinflación el de mayor cantidad de aumentos aprobados. Desde noviembre de 2017 hasta diciembre de 2019 se decretaron 10 incrementos salariales, con un promedio de cinco ajustes al año.
Ya durante 2019, pero con mayor énfasis en 2020 y 2021, el oficialismo empezó a cambiar sus políticas económicas. Ofreció una mayor libertad para el sector privado y abandonó su política proteccionista para girar 180 grados y más bien abandonar a la clase trabajadora.
Durante 2021 se aprobaron solo dos aumentos salariales y en estos 12 meses el sueldo base promedió 2,12 dólares mensuales, el salario mínimo más bajo del mundo.
Movimientos sindicales han exigido durante meses que el salario se homologue con la canasta básica, pero el Gobierno no solo ha ignorado esta petición, sino que le otorgó la responsabilidad de definir los salarios al sector privado.
Desde mediados de 2020 prácticamente ninguna empresa privada paga el mínimo reglamentario y según estudios aplicados en diversas actividades económicas, los salarios mínimos del privado promedian entre los 80 y 150 dólares.
Desamparados quedaron los trabajadores de la administración pública, que conforman un 20,2% de la masa laboral del país, con salarios de 2,2 dolares y bonos ocasionales otorgados a través del Sistema Patria que no tienen ninguna incidencia en pasivos laborales. Una historia aún peor la padecen los jubilados y pensionados, arrinconados con los 1,5 dolares que les deposita el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).
Salario mínimo aplica al 20% de la población laboral
Datos de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi) apuntan a que la proporción de trabajadores de la administración pública se ha reducido drásticamente desde 2014, pero sigue constituyendo un 20,2% de la masa laboral venezolana
La situación cambió ligeramente con el incremento salarial anunciado por Maduro el pasado 3 de marzo. De ahora en adelante, el mínimo legal es medio petro, equivalente a 128 bolívares (29,60 dólares) y otros 45 bolívares (10,40 dólares) por concepto de cesta ticket. En total, el salario redondearía unos 173 bolívares (40 dólares).
Estos 40 dólares representan el salario mínimo integral (base + cesta ticket) más alto vigente en Venezuela desde septiembre de 2016, momento en el cual se aumentó el sueldo a alrededor de 60 dólares.
Pese a que el sueldo de 2,2 dólares era insostenible y el aumento es recibido con los brazos abiertos por la administración pública, el historial del chavismo ha acostumbrado al venezolano a que todo incremento salarial importante se traduzca en inflación. Por lo tanto, era normal que surgiera esta preocupación tras el anuncio. No obstante, parece que este no será el caso.
¿Gasto público sin inflación?
Según datos de Transparencia Venezuela sobre el Presupuesto que el Ejecutivo asignó para este año, se estima que unos mil 390 millones de bolívares (321 millones de dólares) se destinen a remuneraciones salariales para los más de 5,5 millones de empleados de la administración pública.
A esta cifra se suman alrededor de 5 millones de jubilados y pensionados —según contabilizaba el Gobierno hasta diciembre de 2020— que también recibirán este aumento.
Estos números son sinónimo de gasto público, un concepto que durante años ha mantenido una relación estrecha con la hiperinflación. Pero, aunque suene discordante para muchos, todo parece indicar que en esta oportunidad el aumento salarial no tendrá un mayor impacto en los precios de bienes y servicios, al menos a mediano y largo plazo.
Fondos suficientes
Al menos así lo avizora el economista Daniel Cadenas, quien cree que el Gobierno tardó tanto tiempo para elevar las escalas salariales porque prevé tener los fondos suficientes para pagarlos sin recurrir a la emisión de dinero inorgánico.
«Hay un equipo de asesores económicos que tomaron el control de estas políticas. Ellos deben haber sacado cuentas y asumieron que tendrán caja suficiente como para tener los ingresos para pagar ese aumento», sostiene.
El mayor indicio de que esta lectura podría ser acertada es el historial más reciente del oficialismo. En los últimos dos años han reducido el déficit fiscal y han inducido una desaceleración importante mediante el sofoco del bolívar, disminuyendo el crédito bancario a su mínima expresión, manteniendo salarios de miseria y desfalcando las reservas internacionales para intervenir el mercado cambiario e intentar controlar el tipo de cambio.
“Si no tienen cómo pagar, dejaría de ser cónsono con la política que han venido implementando durante los últimos años, que va en sentido de la inflación. Hasta ahora, lo que he visto es que tienen pánico de volver a la senda de la hiperinflación, hasta el punto en que han sido capaces de destruir la actividad bancaria y dejar tanto a jubilados como a pensionados y empleados públicos a la buena de Dios”, acotó.
Sector despreocupado
Por su parte, la experta en gestión humana Marielena Alvarado, destacó que las empresas privadas que solicitan sus servicios de consultoría no están preocupadas por un repunte de la inflación, en gran parte por la dolarización de la economía, que ocupa alrededor de 70% de las transacciones del país, según datos de Ecoanalítica.
“Todavía no creemos que este anuncio tenga impacto en la inflación. No vemos que inicie un nuevo ciclo hiperinflacionario, especialmente por la dolarización del mercado”, destacó.
Pero quizás la pista más importante para predecir que no habrá un incremento descomunal del gasto público es que el Gobierno invertirá casi la misma cantidad de dinero, ya que este aumento del 1.600% es una verdad a medias. En realidad, Maduro ordenó la salarización de los bonos que entregaba mensualmente a través del sistema Patria.
Según la cuenta de Twitter que da información oficial sobre la entrega de los bonos, la salarización incluye estos bonos: Negro Primero, Protectores de la Salud, Máxima Eficiencia, Simón Rodríguez, el Complementario y el de Alimentación y Transporte.
Flujo de caja estable
La remuneración mensual de los trabajadores es la misma, por lo que el flujo de caja del sector público se mantendrá en un nivel similar. La gran diferencia es que ahora la remuneración tendrá incidencia en los pasivos laborales.
“La verdad es que los empleados públicos ya ganaban este monto. La diferencia es que lo venían recibiendo a través del Sistema Patria, ahora lo van a recibir en salario. El Estado sigue pagando lo mismo. Lo que sí debe tener a la mano es cómo responder a los pasivos laborales. Debe tener lo suficiente cuando vaya a pagar vacaciones, utilidades, cuando deba entregar liquidaciones o solicitudes de anticipos de garantía de prestaciones sociales. No son todos los meses, pero va a ocurrir en algún momento del año”, subrayó Alvarado.
Buscando fondos hasta debajo de las piedras
Es llamativo que tras ocho años continuos de contracción del producto interno bruto (PIB) del país, el Estado consiga los recursos suficientes para asumir la carga que significarán estos nuevos salarios y sus respectivos pasivos laborales.
No obstante, el Gobierno tiene prevista la captación de recursos desde varias vías y el contexto permite pensar que habrá más dinero este año, especialmente gracias al incremento de los precios del petróleo a raíz del conflicto entre Ucrania y Rusia.
Según el presupuesto aprobado que revisó Transparencia Venezuela, de los 62 mil 379 millones asignados, 38 mil 069 (72,16%) provendrán de la venta de petróleo. El 27,84% restante a su vez está constituido por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en un 43%, el Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF) en un 15%, el Impuesto sobre la Renta (ISLR) en un 14% e impuestos del dominio minero por casi un 12%.
Estas proyecciones se quedaron cortas ante el contexto del mercado petrolero. En el último mes, los precios internacionales del crudo han aumentado 24% al escalar de 91,48 a 113,55 dólares por barril.
La canasta petrolera venezolana tiene un precio muy inferior al marcador del Brent y, aunque el Gobierno dejó de publicar su estimación, este incremento general del mercado va a contribuir a la captación de divisas del país.
Más flujo de caja
“Quizás tienen la expectativa de que el incremento de precios pueda durar bastante y, a pesar de la baja producción de Venezuela, van a hacer más caja, pero nadie sabe con certeza cuánto puede ser eso. Nadie sabe cuánto produce Venezuela, a qué precio se vende o qué cantidad se exporta. Es un desorden y hay mucha incertidumbre”, argumentó Cadenas.
Pero ni siquiera la opacidad de la industria petrolera se compara con el hermetismo en torno a otras actividades económicas que el Gobierno mantiene prácticamente en secreto, como la explotación minera.
A este tipo de actividad se le denomina “economía sumergida”, ya que ocurren al margen de los entes regulatorios y supervisores. En Venezuela, hay una amplia variedad de casos, pero su extensión se desconoce porque es casi imposible de medir. El gobierno de Maduro probablemente cuente también con recursos conseguidos por esta vía.
“El Gobierno tiene ingresos por vías subterráneas que desconocemos. Hay una economía sumergida, en la cual el Gobierno es un actor fundamental. Uno no sabe cuánto se mueve allí. No hay cifras ni estadísticas de eso, caemos en el reino de la especulación. Es posible que también estén contando con parte de esos ingresos y pareciera que tienen músculo suficiente”, remarcó el economista.
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