Familiares de cinco jóvenes que supuestamente fueron víctimas de una ejecución extrajudicial por parte de funcionarios de la policía científica en Ocumare del Tuy, hicieron un llamado a las autoridades nacionales para que el caso se esclarezca y establezcan responsabilidades.
El 28 de noviembre del año pasado fueron localizados los cuerpos desnudos, golpeados, con señales de tortura, de Luigi Acevedo (20), Luis Alfredo Ríos Castro (19), Wilfredo Mota (26), Douglas Efrén Escalante (20) y Charlie Moisés Díaz Castellanos (23), en el sector La Verota, de la autopista Santa Teresa-Charallave, estado Miranda.
Los tres primeros desaparecieron el miércoles 23 de noviembre
Los tres primeros desaparecieron el miércoles 23 de noviembre de una residencia de Ciudad Miranda, viviendas construidas por el Gobierno en Charallave, y los otros dos el jueves 24 de una panadería en el centro comercial Mata Linda.
El abogado Rafael Narváez, defensor de los derechos humanos, asiste a los familiares de las víctimas porque han acudido a distintas instancias oficiales sin obtener respuesta y tienen pruebas que presuntamente señalan a funcionarios policiales.
Mariangellys Medina relató que a su sobrino Douglas, quien ayudaba a su abuela atendiendo una licorería en Ocumare del Tuy, lo buscaron en distintas delegaciones del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) en Caracas, Miranda y Maracay, y les negaron que estuviera detenido.
Sin embargo contactaron a un testigo que observó cuando eran trasladados en una unidad policial desde el centro comercial Mata Linda y obtuvieron un video grabado en la panadería.
Tamara Sánchez dijo que a su hijo Luigi y a los dos amigos los sacaron a las 3:00 de la tarde de la casa de Wilfredo, varios hombres que portaban armas largas y tripulaban un taxi marca Chery y un Toyota machito color blanco.
Contó que Luigi, Wilfredo y Luis Alfredo estaban reparando una moto. Se encontraba en la casa la madre de Wilfredo y un sobrino, quienes supuestamente fueron amenazados por los funcionarios y al retirarse los dejaron encerrados y se llevaron las llaves de la vivienda.
Los cuerpos no presentaron heridas de bala y la autopsia reveló que los cinco murieron por asfixia mecánica.
RESPONSABILIDAD ESTATAL
Narváez instó al ministro del Interior, Justicia y Paz, general Néstor Reverol, a asumir su rol de ente rector de la seguridad ciudadana y a no insistir culpando a los medios de comunicación por el auge delictivo, ya que según la Constitución Nacional la vida es un derecho inviolable y el Estado es el encargado de preservarla.
Ante las cifras presentadas por el titular del Interior, quien hizo una clasificación de los muertos en enero, discriminando a los abatidos en enfrentamientos, o en reyertas entre bandas, Narváez le recordó que esas también son muertes violentas, y específicamente homicidios.
– Los enfrentamientos entre bandas son la consecuencia de un Estado que no cumple con su labor. No hay política de investigación para disminuir estas cifras, el Estado permitió que se formaran esas bandas.
Además le recordó al ministro que “en ningún artículo de la Carta Magna se habla de corresponsabilidad de seguridad ciudadana, para culpar a todos de la inseguridad y excluirse ustedes, pues el Artículo 43 le otorga esa responsabilidad al Estado”.
