La Fiscalía pidió que se investigue la filtración a la prensa de escuchas de conversaciones telefónicas entre la expresidenta argentina Cristina Fernández y el exdirector de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Oscar Parrilli, informaron este viernes fuentes judiciales.
Según la página oficial del Ministerio Público, la Fiscalía Federal de Primera Instancia de la provincia sureña de Río Gallegos, admitió la denuncia que había presentado Fernández tras la publicación de dos escuchas telefónicas que forman parte de una investigación a Parrilli por el encubrimiento de un exprófugo.
Las personas escuchadas en esa causa, que conduce el juez federal Ariel Lijo, son Parrilli, que fue jefe de Inteligencia entre 2014 y 2015, el exdirector de Asuntos Judiciales de ese organismo Emiliano Rodríguez, y dos agentes de los servicios secretos.
Fernández presentó una denuncia en la Justicia de Río Gallegos, ciudad en la que reside, el pasado 31 de julio para que se aclare el origen de la filtración de esos audios.
Después de personarse en los juzgados, Fernández aseguró que, desde que dejó la Presidencia, está siendo objeto de una «feroz» campaña de persecución política, mediática y judicial en su contra que, dijo, tiene su origen en el Ejecutivo nacional que dirige Mauricio Macri.
Pocos días antes, la exmandataria había apuntado a la Corte Suprema -máximo órgano judicial del país- como responsable de la filtración a la prensa de las escuchas en las que hablaba con Parrilli sobre el «armado» de causas contra el exespía Antonio Stiuso.
«La responsabilidad de la filtración de ese diálogo privado es de la Corte Suprema, que maneja las escuchas del juez (Ariel) Lijo», escribió en su Twitter Fernández citando un artículo de análisis publicado por el diario Página/12.
Así, este viernes la fiscal Patricia Ramallo aceptó los argumentos de Fernández y pidió al juez que investigue si se cometieron delitos de violación de secretos y de la privacidad, así como de abuso a la autoridad en todo el proceso de filtración y difusión de esas escuchas.
La fiscal busca que se aclare si la captura de esas conversaciones se realizó de manera legal, mediante la orden de una autoridad competente, y si se incurrió en alguna ilegalidad al filtrar o sustraer el soporte que contiene la conversación que difundieron estas semanas los medios de comunicación.
