Nuevo fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan,(Foto Cortesía La Patilla)

El nuevo fiscal de la Corte Penal Internacional, Kharim Khan debe dar continuidad al trabajo realizado por su antecesora, Fatou Bensouda, que asegura que llegó a una conclusión en cuanto al examen preliminar sobre la situación de Venezuela que solo quedó pendiente del anuncio.

Fatou Bensouda terminó su período como fiscal de la Corte Penal Internacional el 15 de junio. Desde 2018 dice haber iniciado los trámites para un  examen preliminar sobre la situación de Venezuela, cuyas conclusiones no anunció, escudándose en  procedimientos legales adelantados por el fiscal del gobierno de Nicolás Maduro, Tarek William Saab.

Hoy las ONG Defiende Venezuela, un Mundo sin Mordaza y el Observatorio de Crímenes de Lesa Humanidad se mantienen a la expectativa y exigen al fiscal Kharim Khan que concluya el trabajo que Bensouda asegura haber hecho.

En un comunicado enviado a esta redacción, las ONG señalan que la culminación del mandato de la fiscal Bensouda sin el esperado pronunciamiento genera interrogantes sobre el examen preliminar, el alcance del proceso y los posibles escenarios. “No obstante, cabe esperar que la decisión respecto a si se inicia o no una investigación formal sobre la situación de Venezuela sea anunciada por el nuevo fiscal de la CPI, Karim Khan, quien fue juramentado el 16 de junio de 2021”.

Los activistas esperan que la decisión no sea subjetiva o personal. Creen que debe estar sustentada en bases objetivas, pues se toma en nombre de la representación fiscal y debe realizarse con fundamento en los hallazgos encontrados por la Oficina de la Fiscalía de la CPI en las diferentes fases del examen preliminar y en plena consonancia con el Estatuto de Roma. “En consecuencia, debería existir una continuidad en el trabajo ya realizado y en la línea trazada por la Oficina de la Fiscalía de la CPI, entendiéndose que,como fue expresado por Bensouda, la oficina ya cuenta con una conclusión sobre la situación de Venezuela y lo que queda pendiente es su anuncio”.

En el documento recuerdan que el 8 de febrero de 2018 la fiscalía de la CPI dio inicio a un examen preliminar sobre la situación de Venezuela para determinar si era necesario abrir una investigación sobre crímenes presuntamente cometidos en el país, desde al menos abril de 2017 en el contexto de las protestas antigubernamentales e inestabilidad política conexa, ya que aparentemente se había recurrido al uso excesivo de la fuerza para reprimir a los manifestantes y se detuvo a miles de personas opositoras, algunas de ellas sometidas a torturas, tratos crueles e inhumanos y graves abusos durante su detención.

El 27 de septiembre de 2018 un grupo de Estados solicitó a la Fiscalía de la CPI el inicio de una investigación por los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela desde febrero de 2014. Los activistas recuerdan que se trató de la primera vez que la CPI recibía una remisión colectiva de Estados sobre la situación de otro Estado.

El 5 de diciembre de 2018, la Fiscalía anunció que la situación de Venezuela había avanzado a la segunda fase, en la cual se determina si los crímenes presuntamente cometidos son competencia de la CPI

El 14 de diciembre de 2020, en el informe sobre las actividades de examen preliminar de 2020 se anunció el pase a la tercera fase, la de admisibilidad bajo los parámetros de complementariedad y gravedad, pues había bases razonables para creer que en Venezuela se han cometido crímenes competencia de la Corte, como encarcelación u otra privación grave de la libertad en violación de normas fundamentales de derecho internacional; tortura, violación u otras formas de violencia sexual de gravedad comparable y persecución a un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos.

En ese oportunidad, Bensouda dijo que trataría de llegar a una conclusión sobre el inicio o no de la investigación antes de culminar su período.

Pero el 27 de mayo de 2021, el fiscal general de la República de Venezuela, Tarek William Saab, presentó una solicitud confidencial a la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI, conforme al artículo 46.2 del Reglamento de la Corte.

Esto le permitió a Bensouda, en su declaración de despedida del cargo, lamentar que aun cuando había llegado a una determinación final sobre el examen preliminar y se había preparado para anunciar las conclusiones en respuesta a la remisión de los Estados Parte, la petición confidencial hecha a la Sala de Cuestiones Preliminares por parte del Estado venezolano, la obligó a esperar la decisión de esa Sala antes de hacer cualquier otro anuncio. Luego hizo entrega al nuevo titular de la oficina fiscal de sus hallazgos finales obtenidos en el marco del examen preliminar.

Un Mundo Sin Mordaza, Defiende Venezuela y Observatorio de Crímenes de Lesa Humanidad exigieron que se de continuidad a esa investigación y que se hagan los anuncios pertinentes. Al mismo tiempo seguirán apoyando a las víctimas de  graves violaciones de derechos humanos, como son los presuntos crímenes de lesa humanidad que se encuentran bajo examen preliminar.

Nota de prensa




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