Las fuerzas de seguridad se desplegaron de nuevo este martes en Rangún, Birmania, después de haber cercado por la noche a cientos de manifestantes prodemocracia en el centro de la ciudad, donde se multiplicaron las redadas en domicilios y las detenciones.
Los militares han bloqueado importantes calles de la capital económica, comprobaron periodistas de la AFP. El lunes por la noche, cientos de manifestantes, entre ellos muchas birmanas que celebraban el Día Internacional de la Mujer, terminaron acorralados durante horas en el barrio de Sanchaung, escenario de importantes protestas en los últimos días.
Las fuerzas de seguridad registraron las casas en busca de detractores. Quienquiera que esconda a manifestantes resultará castigado, advirtieron los medios de comunicación estatales.
«La policía inspeccionó todas las viviendas de esta calle. Vinieron a nuestro apartamento, pero no habíamos escondido a nadie» y se fueron, contó un vecino.
Persecuciones
«Nos dijeron que no los miráramos, si no dispararían», dijo otro, explicando que las casas que habían mostrado en ventanas y balcones la bandera de la Liga Nacional por la Democracia (LND), el partido de Aung San Suu Kyi, resultaron especialmente blanco de estos allanamientos, en los que terminaron detenidas decenas de personas, según testimonios recabados por la AFP.
Para apoyar a los manifestantes asediados, cientos de habitantes desafiaron el toque de queda impuesto por las autoridades y salieron a la calle. «Liberen a los estudiantes», corearon.
Las fuerzas de seguridad dispararon, sobre todo granadas aturdidoras, para intentar dispersarlos.
Los manifestantes pudieron salir del barrio a primeras horas del día.
«La paciencia del gobierno se ha agotado», advirtieron los medios de comunicación estatales después de cinco semanas de manifestaciones prodemocracia diarias.
Tres muertos
Las protestas internacionales continúan, sin éxito.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió «máxima moderación» y la «liberación» de los manifestantes «sin violencia ni detenciones». La representación de la Unión Europea en Birmania y las embajadas de Estados Unidos y del Reino Unido, antigua potencia colonial, difundieron mensajes similares.
La junta continúa la represión para intentar sofocar la insurrección pacífica contra el golpe de Estado que derrocó a Aung San Suu Kyi el 1 de febrero.
De hecho, este lunes, la jornada de protestas se saldó con tres manifestantes muertos y varios heridos.
En Myitkyina (norte), imágenes difundidas por las redes sociales mostraban a manifestantes inconscientes y cubiertos de sangre, uno de ellos tendido boca abajo en el suelo, con parte del cráneo destrozado. Una monja católica vestida con un hábito blanco se arrodilló en la calle, suplicando a la policía que no disparara.
En Mandalay (centro), dos vehículos militares dispersaron a manifestantes. Seis de ellos resultaron heridos, dos graves.
El ejército hunde cada día más al país «en un clima de miedo», lamenta la Asociación de Asistencia a Presos Políticos (AAPP), que contabiliza al menos 60 civiles muertos desde el golpe de Estado y más de mil 800 detenidos.
Redadas multiplicadas
En los últimos días se multiplicaron las redadas contra las oenegés, los medios de comunicación y los políticos.
El lunes hubo una operación policial contra la agencia de prensa Myanmar Now. «Trabajamos con miedo (…) la junta no tolerará reportajes sobre sus crímenes», afirma el redactor jefe Swe Win.
Acto seguido el ministerio de Información revocó la licencia de publicación de este medio y de otros independientes (Mizzima, DVB, Khit Thit y 7 Day).
Muchos de los directivos de la Liga Nacional para la Democracia también fueron detenidos y un importante dirigente local del partido perdió la vida en la represión de estas protestas.
Control de los hospitales
Los militares confirmaron haber tomado el control de hospitales públicos y de campus universitarios «a petición de ciudadanos que no quieren ver inestabilidad en su país».
Médicos, profesores, abogados y otros funcionarios se han declarado en huelga desde el golpe de Estado. Estos llamamientos a la desobediencia civil están teniendo impacto en sectores como la administración pública, los bancos o los hospitales.
La junta advirtió a los funcionarios que quienes no se hayan reincorporado al trabajo a partir del 8 de marzo serán despedidos.
Los generales hacen oídos sordos a las protestas de la comunidad internacional, dividida sobre este asunto.
El Reino Unido, Estados Unidos y otros países occidentales han impuesto sanciones selectivas, pero China y Rusia, aliados del ejército birmano, no han condenado el golpe de Estado.
El Consejo de Seguridad de la ONU no alcanzó un acuerdo sobre una declaración conjunta y seguirá negociando esta semana.
Este martes, el embajador de Birmania en el Reino Unido se desmarcó de los generales golpistas, como ya han hecho su homólogo en la ONU y otros diplomáticos, y pidió la liberación de Aung San Suu Kyi.
© Agence France-Presse
