En las zonas fronterizas de Venezuela, la criminalidad persiste. En el caso del estado Táchira, limítrofe con el Departamento del Norte de Santander en Colombia, poco ha cambiado tras el restablecimiento de relaciones entre ambos países, de acuerdo con la organización no gubernamental Fundaredes.
Clara Ramírez, directora interina de la ONG, dedicada a educar y crear redes de activistas que impulsen la promoción de DD.HH., afirma que ni del lado venezolano ni del colombiano se han tomado medidas de seguridad “acertadas” para “contrarrestar” la acción de grupos armados irregulares en zonas fronterizas.
“El tema del tráfico de armas, droga e incluso de trata de personas es lo que opera ahí y es por lo que pugnan diariamente los grupos armados, por el control del territorio para seguir manteniendo la ilegalidad”, aseguró consultada por VOA.
Megabanda delictiva se apodera de la zona
Además, Ramírez destaca que el Tren de Aragua, una megabanda dedicada, entre otras actividades delictivas, a la extorsión, secuestros, homicidios, sicariatos, venta de drogas, tráfico de armas y de personas, que se ha extendido a países como Perú, Colombia y Chile, se ha convertido en uno de los actores más importantes en Táchira.
“No era asiduo actor en esta zona. El Tren de Aragua ha hecho una alianza con el grupo irregular denominado La Línea que está del lado colombiano, se enfrentan diariamente al ELN que opera en la frontera del lado venezolano, generando muertes, enfrentamientos y cifras alarmantes de personas desaparecidas en trochas, todas se pierden bajo un patrón similar”, explica.
La activista precisó que en 2022 documentaron la desaparición de 336 personas, 80 de ellas mujeres.
Esta semana el Departamento de Estado de EE.UU. recomendó a sus ciudadanos no viajar a ciertas zonas de Colombia, entre ellas la frontera con Venezuela debido a la “delincuencia, secuestro y el riesgo de detención al cruzar a Venezuela desde Colombia”.
La semana pasada, los ministros de Defensa de Colombia y Venezuela, Iván Velásquez y Vladimir Padrino, respectivamente, sostuvieron un encuentro en el que se acordó retomar la comunicación bilateral a todos los niveles en materia de defensa, aumentar la presencia de la fuerza pública en pasos informales a lo largo de la frontera común y fortalecer la lucha contra el contrabando y la inteligencia conjunta.
Casi dos años de injusta prisión
Ramírez sostiene que Javier Tarazona, activista de derechos fundamentales y director de Fundaredes, que en varias ocasiones denunció que grupos irregulares colombianos operan en Venezuela con la anuencia del gobierno y que cumple casi dos años en una cárcel de los servicios de inteligencia sin que se registren avances en su juicio, está detenido por descubrir violaciones a los derechos humanos en zonas fronterizas.
La defensora de derechos fundamentales sostiene que se trata de un caso que visibiliza la criminalización contra la sociedad civil venezolana y alerta que es un llamado de atención a miembros de otras organizaciones que, por denunciar violaciones y crímenes de lesa humanidad, se arriesgan a vivir la misma situación.
El activista, acusado de instigación al odio, traición a la patria y terrorismo, según Ramírez, desde antes de su detención en julio del 2021, presenta un “comprometido estado de salud” que se ha ido agudizando en prisión.
Diversas instancias internacionales, entre ellas la Oficina del Alto Comisionado para DDHH de la ONU y Amnistía Internacional han expresado preocupación por la situación de Tarazona y han pedido su inmediata liberación.
Lee el reporte completo en VOA.
