La administración de Nicolás Maduro aseguró este jueves que el despojo ilegal de la empresa petrolera Citgo, filial en Estados Unidos de la estatal venezolana Pdvsa, provocó una trama de corrupción internacional de millones de dólares, y que habría sido reconocido, incluso, por autoridades del Gobierno norteamericano.
En el periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas contra la corrupción, el canciller oficialista, Jorge Arreaza, aseveró que parte de los recursos que han sido bloqueados en el exterior han caído en cuenta de políticos corruptos, escritorios jurídicos y hasta en manos oscuras en el Gobierno de los Estados Unidos.
En 2019, el Gobierno estadounidense congeló los activos de Citgo como parte de las sanciones económicas al Gobierno de Nicolás Maduro.
«Este saqueo ha desatado las ambiciones de sectores comerciales y financieros, que se valen de cualquier estrategia, de forma cínica e inmoral, para aprovecharse de las vulnerabilidades de empresas y sectores vinculados a Venezuela, con el objetivo de robarles esos recursos al pueblo venezolano», agregó.
Arreaza afirmó que el Estado venezolano ha actuado con firmeza contra la corrupción y mantiene una mejora de la aplicación de los mecanismos existentes, basados en la Ley Contra la Corrupción y Salvaguarda del Patrimonio Público.
No escapamos a este flagelo y lo enfrentamos día a día, hora a hora. Venezuela, como Estado signatario de la Convención del 7 al 10 de junio de este año, iniciará el segundo ciclo del examen de revisión de la aplicación de la Convención contra la Corrupción, abarcando el periodo 2016-2021, informó.
Arreaza dijo que ese examen demuestra el compromiso «transparente e inclusivo» del país caribeño con la Convención.
«En nombre del presidente Nicolás Maduro, ratificamos el compromiso del gobierno venezolano con la cooperación multilateral y bilateral contra las prácticas corruptas, en favor de una gestión pública transparente y de relaciones equitativas de poder, desde lo político, lo económico, en las dimensiones públicas y privadas», puntualizó.
En enero de 2020, un informe de Transparencia Internacional (TI) determinó que Venezuela y Nicaragua son percibidos como los países más corruptos de América Latina y Uruguay y Chile como los más limpios.
La coordinadora regional para las Américas de TI, Teresita Chávez, dijo en ese momento, que estos dos países tienen «mucho en común: muchas grandes violaciones de los derechos humanos, opresión de la oposición, servicios públicos deficientes y acción de Gobierno sin consultar a los ciudadanos».
En Venezuela, el «quebranto de la democracia» se acerca al punto de «Estado fallido», manifestó.
