El gobierno socialista de Nicolás Maduro contrató a una donante del Partido Demócrata por seis millones de dólares, en 2017, mientras presionaba para disuadir a Washington de imponerle sanciones.
Refiere la web de Associated Press (AP) que unos documentos, que se dieron a conocer el jueves, muestran que una subsidiaria estadounidense de Pdvsa acordó contratar la firma de abogados de Marcia Wiss en Washington en marzo de aquel año. Ese mismo mes, firmó un acuerdo de consultoría por 50 millones de dólares con el polémico excongresista David Rivera.
Wiss, una abogada de comercio internacional con un historial de donaciones al Partido Demócrata, incluyendo una contribución de mil 500 dólares a la campaña del presidente Joe Biden el año pasado, niega haber realizado ninguna labor de cabildeo.
Citgo bajo control
Los acuerdos salieron a la luz mientras los aliados del líder opositor venezolano Juan Guaidó trabajan con el Departamento de Justicia estadounidense para descubrir cualquier pacto presuntamente corrupto en otra subsidiaria de Pdvsa, Citgo, con sede en Houston, que durante años operó como fuente de ingresos para el partido gobernante en Caracas. La junta directiva nombrada por Guaidó se hizo con el control de Citgo, la sexta refinería independiente más grande de Estados Unidos, luego de que el gobierno de Donald Trump lo reconoció como el líder legítimo de Venezuela en 2019.
Los mismos funcionarios nombrados por Guaidó responsables de la presentación como agente extranjero demandaron a Rivera el año pasado por romper supuestamente su contrato de consultoría. La fiscalía federal en Miami investiga también si el republicano violó las leyes de cabildeo internacional.
En el momento en que Wiss y Rivera estaban contratados, Maduro trataba de ganarse el favor del gobierno de Trump, evitando criticar al por entonces nuevo presidente de Estados Unidos de forma directa mientras desviaba 500 mil dólares a su comité inaugural a través de Citgo.
Fracasado esfuerzo disuasivo
Los contratos con Rivera y Wiss formaron parte de un esfuerzo para disuadir a la Casa Blanca y a otros gobiernos de imponer sanciones a Venezuela, según tres personas familiarizadas con los acuerdos que hablaron bajo condición de anonimato para abordar el asunto políticamente delicado. Los pagos procedían de una subsidiaria poco conocida registrada en Delaware, PDV USA, que prestaba servicios de accionistas a Pdvsa con independencia de las operaciones petroleras de Citgo.
Las tres fuentes señalaron que el gobierno de Maduro empleaba regularmente el holding para actividades políticas en Estados Unidos.
La ofensiva fracasó. Respaldado por exiliados en Miami, en los primeros días de su gobierno, Trump recibió a la esposa de un destacado activista venezolano encarcelado y, en agosto de 2017, impuso la primera de las cada vez más restrictivas sanciones a Pdvsa. Los demócratas celebraron la postura de Washington y la Unión Europea comenzó a atacar a aliados de Maduro con sus propias restricciones.
Un nuevo intento
Con un enfoque igual de discreto hacia el gobierno de Biden, Maduro trata de suavizar las hostilidades con un país que durante décadas fue el mayor socio comercial de Venezuela, antes de que las sanciones acercaran a Caracas a rivales estadounidenses como Rusia, China e Irán. En la ecuación estaba también el representante Pete Sessions, a quien Pdvsa trató de reclutar para concertar una reunión con la dirección de Exxon cuando el exdirector general de la petrolera, Rex Tillerson, fungía como secretario de Estado de Trump.
Wiss recibió cerca de la mitad de los seis millones en pagos mensuales de 250.000 dólares antes de recibir instrucciones, como Rivera, de pasar las facturas a Pdvsa en Caracas en abril de 2018, según los documentos. En una ocasión, viajó a la capital venezolana para reunirse con la entonces canciller Delcy Rodríguez, que era la encargada de relaciones internacionales en la junta directiva de Pdvsa, de acuerdo con dos de las tres personas conocedoras del pacto. Rodríguez es ahora vicepresidenta del país.
Wiss señaló que su despacho de abogados no ofrece ni ha ofrecido nunca servicios de cabildeo, y que nunca cobró ni recibió pagos de Pdvsa ni de nadie no relacionado con Estados Unidos, lo que sugiere que la mitad del contrato no se habría abonado.
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