El vicepresidente, Tareck el Aissami, anunció hoy que el Gobierno obligará a las empresas del país a bajar los precios y volver a las cantidades a las que vendían sus productos en diciembre, después de acusar a los comerciantes de «inflar» los precios injustificadamente a principios de año.
El 3 de enero los precios amanecieron inflados, dijo El Aissami en un encuentro con una representación de las principales industrias del país.
«Los precios que ustedes colocaron son precios criminales, brutales, sin justificación», agregó el vicepresidente de Venezuela, un país que entró a finales del año pasado en hiperinflación y cerró 2017 con una inflación acumulada de más del dos mil 600 %, según el Parlamento.
El Aissami aseguró que su Gobierno no aceptara ningún precio especulativo, y pidió a la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde) que aplique todo el peso de la ley a las empresas que no respeten la medida.
Desde noviembre del año pasado, la Sundde ha llevado a cabo inspecciones en centenares de negocios en todo el país, a los que -con el concurso de efectivos de la Policía y la Guardia Nacional- ha obligado a bajar los precios de algunos de sus productos.
Estas rebajas forzadas han provocado largas colas y tumultos en negocios de todo el país, donde supermercados y otros establecimientos han quedado vacíos tras los descuentos, mientras que asociaciones de empresarios han alertado del posible cierre de algunos de sus socios al ser obligados a vender a pérdida.
El Gobierno habla de una supuesta guerra económica de Estados Unidos, el sistema financiero internacional, la oposición y comerciantes y empresarios especuladores, que a su vez sería la causante de la hiperinflación y la grave crisis económica y social que atraviesa el país.
Economistas independientes atribuyen la inflación desbocada a los controles de cambio de divisas, la destrucción de la producción y la emisión descontrolada de dinero por parte del Banco Central de Venezuela.
