En Venezuela se registraron 68 violaciones al derecho a la libertad de expresión en los primeros cuatro meses de 2024, un incremento del 22 % con relación al mismo periodo de 2023, cuando la cifra fue de 54 casos, según informó este viernes la ONG Espacio Público.
«Hemos registrado 68 casos que representan un incremento del 22 % con relación al mismo periodo del año anterior, donde en promedio, en estos cuatro meses, registramos 17 casos mensuales», señaló la coordinadora del Observatorio Social de la ONG, Marysabel Rodríguez, en la presentación del informe anual justo en el Día Mundial de la Libertad de Prensa.
Agregó que los tipos de violaciones más frecuentes fueron las intimidaciones (30 %), seguido de la censura (27 %) y en tercer lugar el hostigamiento judicial (14 %), sin precisar a qué hechos corresponde el 29 % restante.
«Esto da cuenta de una frecuencia importante (…) vinculado justamente a un periodo donde hay unas elecciones presidenciales cerca y las limitaciones son mucho mayores en esos contextos», señaló.
Rodríguez añadió que entre enero y abril han documentado el cierre de 13 emisoras de radio en los estados Apure, Carabobo, Bolívar, Lara, Portuguesa, Trujillo y Caracas, aunque no detalló si las bajas tienen que ver con la solicitud o renovación de licencias.
Esta situación, dijo, tiene un «impacto significativo en la posibilidad de acceder a información de interés público de diverso tipo, donde las fuentes principales de mayor interés, sobre todo en situaciones de crisis, son menos abordadas, por ejemplo, en el caso de las fuentes políticas».
Ataques a libertad de expresión y detenciones
Sobre detenciones vinculadas al ejercicio de la libertad de expresión, la coordinadora indicó que han registrado 18 casos entre enero y abril.
Rodríguez sostuvo que los más afectados con estas detenciones son ciudadanos que usan sus redes sociales para opinar u ofrecer información de interés en determinados temas asociados a la crisis de servicios públicos.
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«De esas 18 detenciones, 9 han estado vinculadas con presuntos delitos de odio (…) o delitos asociados a incitación al odio. Esto también es un dato bastante preocupante, porque en el año 2023 fue un decena de casos que registramos de este tipo y en estos primeros cuatro meses ya tenemos 9 casos», apuntó.
Asimismo, dijo que la mayoría de las limitaciones o restricciones a la libertad de expresión se dan en los espacios digitales, especialmente en los estados Miranda, Portuguesa y Caracas.
Balance de 2023
En Venezuela se registraron 204 ataques a la libertad de expresión durante el año 2023, lo que representa una disminución del 11 % con respecto a los 226 casos computados en 2022, según el informe anual.
Ahora, Marysabel Rodríguez, explica que durante el primer cuatrimestre de 2024 se registraron un total de 68 casos que, en promedio, se traducen en 17 casos mensuales #Informe2023 pic.twitter.com/9rnYubHhZ0
— Espacio Público (@espaciopublico) May 3, 2024
Asimismo, dijo que aunque en 2023 se registró la «menor cantidad de eventos» en la última década, la incidencia «se mantiene por encima del promedio de casos previo a 2013».
La principal violación registrada, prosiguió Espacio Público, fue la intimidación (31,5 %), seguido de la censura (25,8 %), el hostigamiento verbal (12,2 %), la amenaza (9,9 %), la restricción administrativa (8 %), el hostigamiento judicial (7,8 %), la agresión (4,1 %) y el ataque (0,26 %).
La ONG explicó que la intimidación está vinculada a los «impedimentos de desplazamiento, detenciones arbitrarias o asalto a periodistas durante el ejercicio de sus labores».
Los principales victimarios, según Espacio Público, fueron las instituciones del Estado (35,5 %), funcionarios (21,4 %), cuerpos de seguridad (20,6 %), desconocidos (6 %).
Aprensiones por represalias
Por otra parte, la organización registró 28 detenciones, vinculadas al ejercicio de la libertad de expresión, lo que representa -dijo- un aumento del 65 % con relación a 2022, cuando documentó 17 detenciones.
«Del total de personas detenidas, 16 fueron particulares, 10 trabajadores públicos y dos periodistas», señaló.
A juicio de la organización, estas aprehensiones suelen ser una «medida en represalia por mensajes difundidos en redes sociales o reclamos antigubernamentales enviados a través de aplicaciones de mensajería instantánea».
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