El Gobierno cayó en su propia trampa. Sus trabajadores así lo sienten. A ellos no les hace falta ser expertos en economía ni en políticas productivas, para darse cuenta que la estrategia aplicada en la industria automotriz está al revés. En Chery, planta con intervención estatal de 51%, la manufactura está detenida por falta de materia prima. No hay dólares para su importación, pero sí los hay para la compra en el exterior de unidades ya ensambladas. Es un negocio donde reina la perversión.
La sede de la firma mixta con un consorcio chino está ubicada en Guacara. Ahí desde octubre las máquinas se mantienen apagadas, no se fabrica ni uno de los 45 vehículos de la capacidad de sus líneas, porque los insumos que deben ser enviados desde el país asiático no han vuelto a ser importados, “porque las divisas supuestamente son solo para comida, medicinas y productos de higiene”, denunció Juan Rodríguez, secretario general del sindicato.
Pero a Puerto Cabello han arribado mil 440 unidades tipo taxis Chery Orinoco enviadas a la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex) que es el ente encargado de la importación y compra en el mercado internacional de bienes y servicios para siete empresas del Estado, que forman parte del conglomerado socialista bajo su coordinación. La negociación con el consorcio asiático se deriva de los convenios de pago con petróleo que Venezuela debe honrar.
Han sido tres cargamentos. El primero fue de 720 vehículos recibidos el 2 de enero en 120 contenedores en el buque San Alessio. El 9 de enero arribó el Juist Trader con 80 contenedores y 480 unidades, y el San Alessio repitió el 17 enero con 240 taxis en 40 contenedores, de acuerdo a las publicaciones de la revista Informes que edita la Cámara de Comercio de Puerto Cabello.
Mientras la importación de vehículos ensamblados se mueve a ritmo acelerado, la nómina de 250 trabajadores están cobrando solo salario básico que no les alcanza para sentarse en la mesa tres veces al día. Es una realidad que se repite con el personal de las otras ensambladoras “no importa si somos del estado, las privadas también están pasando por lo mismo”.
“Las empresas se han convertido en galpones vacíos”
No se equivocaron en la predicción. Ellos no tuvieron que ver a través del cristal de una esfera ni consultar el tarot para anunciar hace tres años lo que hoy están viviendo. La industria está camino a la quiebra, dijo preocupado en 2014 el presidente de la Federación Unitaria de Trabajadores Automotrices, Autopartistas y Conexos (Futacc), Christian Pereira. Hoy lo confirma: “Las empresas se han convertido en galpones vacíos”.
Se trata de un sector del que dependen 12 mil trabajadores directos y cien mil de manera indirecta. En Encava, la planta que produce los vehículos que usa a diario 80% de los venezolanos que se mueven en el transporte público, la manufactura está a 50% al fabricarse solo dos de las cuatro unidades que pueden hacer al día. Así la nómina se ha reducido en 57,72% al pasar de 900 a 380, por los “salarios de hambre” informó Alexis Hernández, sindicalista de la compañía.
En FCA (antigua Chrysler de Venezuela), Ford Motor de Venezuela y General Motors Venezolana la situación es la misma. Las tres ensambladoras ubicadas en Carabobo tienen sus máquinas paralizadas, pese al convenio firmado con el Gobierno para la comercialización en dólares en el mercado nacional de algunos de sus modelos. En vencimiento de alguno sellos de pintura y la falta de equipamientos de seguridad ha sido determinante en FCA. En Ford apun no se ha vendido más de 900 de las dos mil 257 unidades ensambladas en 2016 por el deprimido poder adquisitivo de los venezolanos. Y en GMV ningún concesionario se aventuró en ese proyecto.
