Gregoria Díaz/Crónica Uno
La feminización de la pobreza en Aragua, va creciendo. Aida Martínez, presidenta del Sindicato nacional de trabajadores no dependientes de la economía informal, Sintrandecos, sostiene que 70% de las mujeres aragüeñas labora en el sector informal, al que ven como una fuente alternativa o principal para obtener ingresos que les permita sostener a sus familias.
“El comercio, arte y manualidades, panadería, pastelería, corte y costura, son los oficios de mayor incidencia dentro de la economía informal que ejercen las mujeres en Aragua”, detalla Martínez.
Y lo hacen porque los puestos de trabajo en el sector privado son escasos y apenas están ocupados por 30% de las mujeres, mientras que, en el sector público, más de 65% de la ocupación laboral está en mano de las mujeres, de acuerdo a las estimaciones de la Federación de trabajadores de Aragua, Fetraragua.
Pero las condiciones en las que laboran son precarias. Y en eso, Sintradecos y Fetraragua, coinciden.
«En Girardot hay un significativo número de mujeres que laboran en el barrido y limpieza de las calles y áreas verdes, y lo hacen en condiciones de precariedad, con salarios de hambre y sin ningún tipo de seguridad, sin contrato colectivo y la mayoría con trabajos a destajo”, explica Martínez.
De acuerdo a la también directora ejecutiva de Economía Informal y Migración de la Alianza Sindical independiente, ASI Venezuela, estas mujeres en su mayoría habitan en las zonas pobres y deprimidas del sur de Maracay, lugar donde ni siquiera son vacunadas contra el tétano u otras enfermedades a las que pueden estar expuestas durante la limpieza y recolección de desechos y residuos.
«Tanto Pedro Bastidas como el actual alcalde, Rafael Morales, han generado empleos de esclavitud moderna. Estos alcaldes han generado pobreza, exclusión y precarización laboral. Solo basta con observar las condiciones inseguras en que laboran estas mujeres”, sostiene Aida Martínez.
La dirigente sindical también se refiere como ejemplo, a las mujeres que trabajan en el sector salud, quienes paradójicamente no cuentan con un seguro médico, no poseen recursos financieros para realizarse exámenes médicos de rigor, pese a que muchas fueron afectadas por el COVID-19 y otras, padecen enfermedades como cáncer o hipertensión.
Y la guinda- denuncia- es que sufren acoso y violencia laboral por parte del patrono que es el mismo Estado.
Explotación laboral
En agosto de 2022, Raúl Maldonado, presidente de Fetraragua, alertaba sobre la sobreexplotación laboral de la que son víctimas muchos jóvenes entre 18 y 35 años, por parte de negocios y comercios como bodegones, supermercados, franquicias y estaciones de servicio, que ofrecen un “paquete chileno” en dólares en efectivo y sin recibos.
“Estos comercios incurren en un delito cuando, al término de la relación laboral, cancelan las prestaciones sobre la base del último salario mínimo nacional”, señaló entonces para Crónica.Uno.
Pero la precariedad y explotación laboral en la que trabajan muchos jóvenes, no se da solo en el sector privado. Martínez asegura que en la administración pública es más común.
«Me atrevería a decir que 55 % de los jóvenes que trabajan en forma precaria y peligrosa en las motonetas tipo carga, no llegan a 22 años”, refiere la dirigente sindical.
Tanto las mujeres y jóvenes que laboran en el sector público, apenas perciben un salario mínimo y una bolsa con comida, cuando llega. Aquellos que trabajan a destajo, pueden percibir si acaso, 20 $ al mes, según datos de Sintradecos.
“En el municipio capital, en el que la pobreza ronda 80%, no hay políticas públicas de generación de empleos decentes y las mujeres y jóvenes son los más afectados”, concluyó Aída Martínez.
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