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El primer vicepresidente del Parlamento, Freddy Guevara, pidió este viernes a sus partidarios rebelarse contra con los decretos dictados en los estados Táchira y Vargas para prohibir las protestas de calle que pudieran degenerar en violencia.

“Hago un llamado claro a toda la población de Táchira y Vargas a rebelarse frente a esos decretos inconstitucionales. Desobediencia civil”, indicó en la red social Twitter el parlamentario y coordinador nacional encargado del partido Voluntad Popular.

El llamado de Guevara fue hecho a propósito de dos decretos dictados hoy por los gobernadores de Táchira, José Gregorio Vielma; y de Vargas, Jorge Luis García Carneiro, ambos oficialistas, para impedir las manifestaciones que pudieran ocasionar violencia u obstaculizar vías.

“Gobernador que saque decreto, población que se declare en desobediencia civil. Claro y firme”, propuso el parlamentario opositor.

En el caso de Táchira, el gobernador prohibió mediante un decreto las manifestaciones de calle “que generen violencia, zozobra y terror” en la población, así como las protestas que obstaculicen las vías de esta región.

En el escrito se indica que no se podrán realizar las manifestaciones que tienen el propósito de “obstaculizar las vías públicas para impedir el libre tránsito e incitando a la perpetración de actos vandálicos”.

Según el documento, estas acciones traen como consecuencia “que bandas armadas o grupos de delincuencia organizada atenten contra la integridad de las personas y la propiedad pública y privada, causando estragos, catástrofes e incendios”.

García Carneiro por su parte informó que prohibió “por decreto (051) la presencia de encapuchados y cualquier acto vandálico que perturbe la paz” del estado.

Hace una semana, el chavista Julio León Heredia, gobernador de Yaracuy, hizo lo propio y anunció que “cualquier persona que cargue el rostro cubierto en alguna concentración, movilización o acto de protesta será detenida”.

La oposición venezolana ha convocado una serie de protestas desde el pasado 1 de abril para pedir la destitución de siete magistrados del Supremo, a quienes acusa de haber dado un “golpe de Estado” al publicar una sentencia que afectaba al Parlamento aunque esta fue revertida poco después.

Algunas de estas manifestaciones se han tornado violentas y han dejado un saldo de 29 muertes, cerca de 500 heridos y más de mil detenidos.




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