Como se sabe, he venido activando en el tema del reconocimiento de los derechos de la gran masa de trabajadores arbitrariamente despedidos de PDVSA por Hugo Chávez entre los años 2002–2003. Mi participación fue motivada a solicitud del presidente del Sindicato de Trabajadores Petroleros del estado Falcón, señor Iván Freites, quien vive en Miami y me dijo que un amigo le recomendó plantearme el caso pidiéndo mi intervención lo cual acepté dentro de mi acostumbrada línea de lucha en defensa de los derechos humanos, de la libertad, de la juridicidad. También porque el caso está íntimamente relacionado con toda la problemática de Pdvsa y Citgo de lo cual vengo ocupándome por años.
Estudiando y analizando el caso observé que nunca en los más de veinte años de aquel genocidio laboral nadie se planteó como primera tarea la opción del reconocimiento de los derechos y prestaciones de los trabajadores, además del castigo correspondiente. Que se documentara la acreencia de las víctimas la cual debería abarcar tanto los conceptos prestacionales como la de los daños materiales y morales de aquel monstruoso hecho de la Guardia Nacional sacando a las familias de los trabajadores de sus casas en la urbanización “Los Semerucos” en Punto Fijo, estado Falcón, a punta de bombas lacrimógenas y plan de machete.
Sobre aquellos hechos lo único que se promovió fue una denuncia ante la Organización Internacional de Trabajo (OIT) que no avanzó a más de ciertas recomendaciones al gobierno que no fueron acatadas.
Examinando el caso en búsqueda de justicia primeramente me dispuse a elaborar una programación de actividades para que los trabajadores tuvieran una alternativa real de justicia, entonces llegué a una primera conclusión que consistió en la necesidad de que sus derechos fuesen formalmente reconocidos por la autoridad correspondiente, en este caso por el presidente de la empresa deudora de tales acreencias, es decir, Pdvsa, la cual actualmente está dividida en dos facciones, una a lo interno del país, que está bajo el dominio del gobierno de Nicolás Maduro, y la otra, la que preside el ingeniero Horacio Medina bajo la denominación Pdvsa Ad hoc que opera en Estados Unidos con reconocimiento del gobierno norteamericano y que actualmente está bajo autoridad de la Asamblea Nacional elegida en el año 2015.
En el desarrollo de esa idea diseñé un plan que consistió en primer lugar en tratar de obtener reconocimiento voluntario de los derechos en cuestión de parte de la mencionada Asamblea Nacional 2015 que actualmente preside la diputada Dinorah Figuera. Sostuve una larga conversación telefónica con ella en virtud de una conexión que nos facilitó un diputado amigo. Ella me escuchó pacientemente y me pidió un resumen escrito del caso lo cual le cumplí. Nunca obtuve respuesta.
En segundo lugar propuse públicamente que el señor Horacio Medina hiciera voluntariamente el citado reconocimiento de los derechos de los trabajadores mediante la firma de un documento donde disipara toda duda sobre su imprescriptibilidad y autorizara la transmisión a quien los trabajadores beneficiarios quisieran para su cobro a futuro, como si se tratara de un bono de deuda pública. Las organizaciones Unapetrol y Gente del Petróleo entonces emitieron un comunicado rechazando esas propuestas que calificaron de “iniciativas estériles”.
Ante la desatención de la AN y de la autoridad de Pdvsa ad hoc concebí la idea de que se demandara la citada pretensión laboral como otra acreencia dentro de las que se están demandando en los tribunales de EEUU y por las que están por rematar las acciones de Pdvsa en Citgo.
ENTONCES APARECIERON LOS LOBOS. En este punto del desarrollo de mi intervención en el caso, repentinamente se me apareció una persona que yo no conocía, que reside en Zurich, Suiza, de nombre Jorge Alejandro Rodríguez Moreno y que al buscar información sobre él resulta que no es abogado sino un diputado del partido “Avanzada Progresista” exigiéndome intervenir a la par conmigo y planteándome firmarle un contrato de repartición de honorarios a todo lo cual me negué porque yo no andaba tras “honorarios” en ese caso. Después me enteré que esa persona estaba actuando en combinación con el sindicalista Iván Freites quien originalmente pidió mi intervención.
Ninguna de estas personas antes había visualizado una estrategia para afrontar este caso, les gustó la que formulé y quisieron aprovecharla como propia con evidente intención de beneficiarse económicamente. Ahora este Ivan Freites, quien vive en Miami en delicada violación a las leyes migratorias anda amenzándome para que no divulgue esa sucia componenda.
Dentro del movimiento de los trabajadores se me ha estado pidiendo que siga en el caso, que no lo deje, pero con la distorsión de ambiciones económicas que están apareciendo del sindicalista Freites y el diputado Rodríguez Moreno prefiero retirarme y así lo hago saber a los trabajadores que pusieron sus esperanzas en mi intervención. Allí les queda la estrategia que diseñé para que concretaran sus justas aspiraciones, ojalá y estos señores puedan concretarlas. Eso sí, no quitaré mi vista sobre el desarrollo del caso.
LA DEMANDA CLANDESTINA. Estos señores Freites y el diputado Rodríguez Moreno están informando escuetamente que introdujeron una demanda en un tribunal de Estados Unidos, extrañamente no ofrecen más información. No dicen que tipo de demanda fue esa que dicen haber introducido. Ni ante cual tribunal. Hasta ahora se trata de una supuesta demanda y para lo cual le están haciendo firmar un sospechoso contrato a los trabajadores donde se reservan introducir cambios sin consultarles.
LA DEMANDA QUE INTENTÓ HORACIO MEDINA A LA QUE QUISE SUMARME. En fecha 16 de agosto 2023 Pdvsa Ad hoc que preside el ingeniero Horacio Medina, a través de apoderados formalizaron una acción Right of Certiorari por ante la Corte Suprema de EEUU pidiendo que se revisara y anulara la decisión de la Corte de Apelaciones del Tercer Circuito de los Estados Unidos que autorizó ejecutar contra Citgo la sentencia que en favor de Crystallex dictó el tribunal de arbitraje CIADI. El alegato fundamental de dicha demanda consiste en rechazar el concepto de “Alter ego” del que tanto hemos escrito y hablado que consiste en haber hecho responsable a la empresa Citgo hasta llevarla a punto de rematarla para pagar a Crystallex los daños causados por la expropiación que le ordenó Hugo Chávez.
Comparto plenamente ese alegato y por tanto la referida demanda que debe ser apoyada, solo, que como venezolano conocedor del tema no entiendo: 1) que esta acción se haya formulado tan tardíamente, ya casi a la fecha fijada para el remate pues se trata de una defensa que vengo tratando públicamente hace más de cinco años sin que se tomara en cuenta. 2) que en esa misma demanda no se haya planteado el tema de la nulidad de esa y toda las demás sentencias del CIADI en los juicios arbitrales contra Venezuela, juicios donde ésta, la demandada, no tuvo representación legal para el ejercicio del derecho a la defensa.
En este segundo punto estuve trabajando junto a otros venezolanos que con verdadera actitud de patriótico desprendimiento nos dispusimos a ello. Nuestro trabajo estuvo enfocado a apoyar con un Amicus curiae la citada demanda que interpusieron los abogados contratados por Pdvsa Ad hoc, ese apoyo ha implicado que avanzamos en la elaboración del recurso lo cual no es nada fácil y que hemos contactado abogados para esa actividad, pero hasta aquí llego con eso, no sigo más. Lamentablemente la apetencia de dinero del sindicalista Ivan Freites y de su socio Jorge Rodríguez Moreno echó a perder todo ese trabajo que desinteresadamente veníamos haciendo.
Mi reconocimiento al grupo de personas que me han acompañado en la explicada tarea invirtiendo su tiempo, su trabajo y hasta su propio dinero, entre otros el economista venezolano/norteamericano Federico Alves. El abogado Rolando Araujo, la organización de ciudadanos venezolanos/norteamericanos IVAC que preside Ernesto Akerman a nombre de la cual íbamos a interponer la demanda.
Carlos Ramírez López @CarlosRamirezL3 @DrLeyCRL
