El instituto Casla de Praga, plataforma para los estudios de América Latina en la República Checa, denunció el viernes a 57 funcionarios venezolanos ante la Corte Penal Internacional (CPI) por torturas sistemáticas contra civiles en el país.
Según el escrito del Instituto Casla, los 57 integrantes de esta lista actualizada han sido parte de la represión de los últimos seis meses, cómplices directos por acción u omisión de las torturas perpetradas por los funcionarios u oficiales adscritos a sus dependencias, cómplices necesarios del régimen para mantener su estructura represiva, bien sea jurídica y política, cómplices necesarios del régimen para falsear o engañar a gobiernos extranjeros y organismos internacionales.
La represión y las violaciones a los derechos fundamentales se profundizó el primero de abril; inició de las protestas contra el Gobierno Nacional. Las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), donde se atribuían las competencias de la Asamblea Nacional (AN), impulsaron la nueva jornada de manifestaciones.
Casla ha registrado 300 casos de tortura en más de tres meses de protestas, entre ellos intoxicación por bombas lacrimógenas y golpes con objetos contundentes.
Con información de ABC Internacional.
