El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) Venezuela registró esta semana acciones intimidatorias contra periodistas, acusaciones sin pruebas que agreden la integridad de una ONG a favor de los DDHH y ataques a servicios de telecomunicaciones que afectaron la señal de Internet en la ciudad de Tucupita, estado Delta Amacuro. Estos hechos representan un obstáculo para la libertad de expresión, el acceso a la información y el libre ejercicio del periodismo en el país.
Cantv deja desconectada a Tucupita
Durante 48 horas permaneció incomunicada la ciudad de Tucupita, en el estado Delta Amacuro, debido a fallas en la plataforma de Cantv. La conexión se vio interrumpida desde el día lunes 20 de noviembre de 2017.
Vicente Ordaz, representante de Cantv en la entidad, explicó que la falla ocurrió por un presunto ataque vandálico perpetrado a la sede de Corpoelec Temblador, en el estado Monagas, donde se aloja un nodo de fibra óptica de la estatal que alimenta a la capital deltana.
La avería dejó sin línea a las entidades bancarias y puntos de venta, generando caos entre los ciudadanos que se agolparon alrededor de las agencias bancarias sin recibir respuesta. Adicionalmente, la señal de Movilnet se vio interrumpida por más de 12 horas.
La empresa estatal restableció todos sus servicios el miércoles 23 de noviembre, pasadas las 11:00 de la mañana.
El periodista Jesús Medina se exilió en Colombia
Jesús Medina Ezaine, reportero gráfico de Dólar Today, se exilió a Colombia este jueves 23 de noviembre de 2017, según informó en un video publicado en su cuenta oficial de Twitter (@jesusmedinae) que grabó desde la frontera entre San Antonio del Táchira y Cúcuta.
En el vídeo el reportero denunció una persecución por parte de las autoridades, señalando directamente al constituyentista Diosdado Cabello, y al General de Brigada de la Guardia Nacional Bolivariana y Director de Contrainteligencia del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), José Gregorio Gámez Lares.
“He tenido que salir de mi país (…) por la persecución del Gobierno de Nicolás Maduro”, declaró Medina a los medios de comunicación. IPYS Venezuela intentó comunicarse con el reportero gráfico, pero no fue posible.
Desde el lunes 20 de noviembre el fotógrafo había denunciado que estaba recibiendo amenazas desde la cuenta de Twitter @jgomezlarez, donde el usuario se identifica José Gregorio Gámez Lares, director de Contrainteligencia del Sebin. Medina difundió capturas de pantalla de la conversación que sostuvo con quien maneja la cuenta en esta red social, en las que el supuesto funcionario lo amenazó por mensajes privados.
El reportero gráfico, quien denunció haber sido secuestrado el 4 de noviembre tras hacer público un trabajo sobre la realidad en el Centro Penitenciario de Aragua, conocido como cárcel de Tocorón, declaró que durante las 51 horas que fue raptado, sus captores lo golpearon, intimidaron y le impidieron comer y beber agua mientras permanecía retenido en un cuarto oscuro, donde no le permitieron comunicarse con nadie.
El 1 de noviembre de 2017 Medina también declaró que recibió amenazas contra él y su familia a raíz del trabajo periodístico que publicó el 30 de octubre sobre la cárcel de Tocorón. Además el reportero fue víctima de una detención arbitraria por parte de oficiales de la GNB, junto a los corresponsales extranjeros Filippo Rossi y Roberto Di Matteo, luego de haber ingresado al centro penitenciario para realizar el mencionado reportaje el 6 de octubre.
Responsabilizó a Diosdado Cabello Rondón y a José Gámez Larez, director de contrainteligencia Sebin, como autores materiales e intelectuales de mi secuestro, Señores del Cicpc ya saben quienes son los responsables ahora actúen pues!!
Hackean redes sociales del periodista Carlos Julio Rojas
El periodista y ex preso político, Carlos Julio Rojas, denunció a los medios de comunicación que desde el día domingo ha sido víctima del hackeo de sus cuentas personales de Gmail y Twitter. Precisó que le cambiaron las claves y números de teléfono de acceso a ambas plataformas digitales.
“Este tipo de acciones están en el marco de una campaña del gobierno de Maduro para silenciar las voces críticas que hacemos frente a este régimen fascista”, declaró.
El artículo 11 de la Convención Americana de Derechos Humanos establece que nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación, y agrega que toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques.
IPYS Venezuela exhorta al Estado a velar por el respeto de la privacidad de los individuos y velar por que terceras personas no incurran en conductas que puedan afectarlos arbitrariamente.
Carlos Julio Rojas también denunció estar siendo amenazado a través de publicaciones en la cuenta de Twitter del director del Sebin, José Gregorio Gámez Lares, desde el miércoles 22 de noviembre. El periodista declaró sentirse muy preocupado debido a que hasta el momento el funcionario no ha desmentido tales acusaciones, que además motivaron la salida del país del reportero gráfico Jesús Medina.
Un Mundo Sin Mordaza rechaza la criminalización de su trabajo
La organización internacional no gubernamental Un Mundo Sin Mordaza, emitió un comunicado en el que desmiente las acusaciones expresadas en la nota titulada:“¡Atención! Usan redes sociales para incitar la violencia y sabotear elecciones”, publicada el 15 de noviembre de 2017, por el portal web del programa de televisión dirigido por el constituyentista Diosdado Cabello, Con El Mazo Dando.
Durante una emisión del programa, Cabello comentó que la ONG está en “preparativos para una nueva oleada de protestas, para el saboteo de las venideras elecciones presidenciales”, en alusión a una campaña organizada por Un Mundo sin Mordaza, a través de las redes sociales, en la que invitan a los jóvenes a participar en los talleres titulados “Arte de Protesta”, “Marketing Digital”, “Seguridad Digital”, “Lucha no violenta” y “Manejo de equipos de alto rendimiento”.
En el artículo publicado por el sitio web de El Mazo Dando se refieren a los mencionados talleres como una campaña que atenta contra la convivencia pacífica y la tolerancia, por lo exhortan a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) a estar atenta.
Frente a estas denuncias, la institución defensora de los Derechos Humanos rechaza las afirmaciones difundidas, y aclara que dicha publicación fue el resultado de un mensaje distorsionado, explicando en qué consisten realmente cada una de las actividades.
