La oposición denunció este sábado que el chavismo gobernante secuestró las instituciones del país, luego de que la Asamblea Nacional Constituyente destituyera esta misma jornada a la Fiscal General Luisa Ortega Díaz y designara a Tarek William Saab, a quien los opositores no reconocerán.
«Lo que está sucediendo en Venezuela es el secuestro total de todas las instituciones por una sola mano, por un partido político (…). Nosotros rechazamos y desconocemos el nombramiento que se ha hecho hoy», dijo a periodistas el presidente del Parlamento, el opositor Julio Borges.
Luisa Ortega Díaz fue removida luego de que el Tribunal Supremo de Justicia decidiera suspenderla «para su enjuiciamiento por la presunta comisión de faltas graves» en el ejercicio de su cargo.
La abogada dijo en un comunicado que desconoce esta decisión, al tiempo que reiteró sus denuncias sobre un presunto golpe de Estado a la Constitución venezolana, en vigencia desde 1999.
En tanto que el nuevo Fiscal General justificó esta medida de la Asamblea Nacional Constituyente porque, aseguró, permitirá restituir el orden jurídico en la nación petrolera.
«Lo que hoy se hizo, lo desconocemos, es absolutamente ilegal (…), se equivoca el gobierno si cree que atropellando a los venezolanos va a doblegar a este país», insistió por su parte Borges.
También pidió a los partidarios de la oposición resistir con dignidad ante las primeras decisiones de esta Asamblea, e hizo un llamado a mantener las protestas que han sacudido al país los últimos 4 meses, y que se saldan con al menos 121 fallecidos tras desatarse hechos violentos en algunas de estas manifestaciones.
«Hay que continuar en la calle», señaló sin ofrecer detalles de nuevas movilizaciones.
El órgano de más de 500 miembros, que reescribirá la Carta Magna y reordenará el Estado, está conformado solo por afectos al oficialismo, luego de que la plataforma opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) no se presentará a los comicios del pasado domingo por considerarlos un intento del Gobierno venezolano de instaurar una dictadura.
Estados Unidos, la Unión Europea y otra docena de países latinoamericanos también han señalado que desconocen a la Asamblea Nacional Constituyente y las decisiones que de ella emanen.
