El Poder Judicial brasileño en pleno se defendió hoy de las duras críticas que ha recibido de casi todos los sectores políticos por su firme actuación frente a la corrupción y calificó de «inaceptables» los desacatos y agresiones a la Justicia.
«Se puede ser favorable o no a una sentencia y se puede intentar modificar una sentencia», pero «el desacato, la agresión o el ataque a la Justicia» son «inaceptables», declaró la presidenta de la Corte Suprema, Carmen Lucia Antunes, en una ceremonia en que fue declarado abierto el año judicial 2018.
Al acto asistieron el presidente brasileño, Michel Temer, y los jefes de las cámaras del Senado, Eunicio Oliveira, y de Diputados, Rodrigo Maia, los tres sospechosos de haber incurrido en prácticas corruptas, al igual que varios ministros del actual Gobierno.
Todos, en su momento, han criticado de una u otra manera la firme actuación o los supuestos excesos del Poder Judicial en el combate a la corrupción, que durante los últimos cuatro años ha generado un escándalo atrás de otro y una aguda crisis política e institucional.
El último episodio de ese turbulento embate fue la ratificación y ampliación de la pena impuesta al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva por corrupción, que fue de los nueve años dictados por un juez inferior a los doce años de cárcel impuestos en segunda instancia.
Esa última decisión puede implicar que Lula sea encarcelado para comenzar a cumplir la pena una vez agotadas las apelaciones en esa instancia, aún cuando restan recursos en tribunales superiores, y puede impedirle volver a postular a la Presidencia en las elecciones de octubre próximo, una intención que ya ha formalizado.
Tras la ratificación de su condena, tanto Lula como el Partido de los Trabajadores (PT) han arremetido contra la Justicia e insistido en que el expresidente ha sido «víctima» de un juicio «sin pruebas», basado sólo en testimonios de delatores, y enmarcado en una supuesta «persecución política» para impedir que regrese al poder.
En la defensa de Lula, sus abogados hasta han esgrimido el hecho de que es «líder absoluto en las encuestas de intención de voto», lo cual fue ratificado por un sondeo divulgado este miércoles.
Aunque no aludió a la situación específica de Lula, la presidenta de la Corte Suprema declaró hoy que, si bien la justicia «no es la ideal, es la humana», «la ley es la línea divisoria entre la moral y la barbarie» y sin ella «no hay paz social».
En ese mismo sentido se pronunció en la ceremonia celebrada hoy el presidente del influyente Colegio de Abogados, Claudio Lamachia, quien señaló que «la independencia del Poder Judicial es un pilar del Estado democrático de Derecho» y «lo debe ser mucho más en un ciclo de turbulencias» como el que vive Brasil.
Sin embargo, Lamachia lamentó que «esa independencia sea puesta a prueba por sectores políticos o la desesperación de aquellos que no no quieren prestar cuentas de sus actos» e intentan desconocer «que todos son iguales ante la ley y que nadie se puede imponer a ella».
Lamachia subrayó que «no se cuestiona el derecho constitucional a la crítica», pero enfatizó que «eso no puede llevar a linchamientos físicos o morales» de los jueces, que «no pueden ser presionados desde la política».
Según el presidente del Colegio de Abogados, el Poder Judicial «no debe ser indiferente al clamor de la calle», pero eso «no puede ser el fundamento de una acción judicial que no puede permitirse ser manipulada por el activismo político o mediático», pues «justicia es justicia y política es política y cada una tiene sus espacios».
Ese mensaje fue también reforzado por la Procuradora General de la República, Raquel Dodge, quien al intervenir en la ceremonia dijo que «todas las instituciones del sistema judicial están trabajando de forma independiente» y que «sus decisiones deben ser cumplidas».
Según Dodge, en momentos de desafíos y enormes controversias», los «culpables precisan pagar por sus errores», pues «sólo así se acabará con la sensación de impunidad que existe en el país.
