Luego de su reelección, a través de unas elecciones en la cuales no participó más de la mitad del padrón electoral y en la cual, la abstención expresó su total desacuerdo con los padecimientos sufridos por los venezolanos por la pretensión de imponer en el país el Socialismo del Siglo XXI, Nicolás Maduro quiere suavizar su perfil dictatorial. Habla bajito y hasta escuchó el pedido de los banqueros venezolanos de posponer la reconversión monetaria pautada para el cuatro de junio de 2018. Aunque no aceptó los 90 días solicitados por esos empresarios de la banca nacional, postergó por dos meses más la circulación de los billetes y las monedas del cono correspondiente al bolívar soberano, cuyas piezas, seguro, tampoco harán su aparición el próximo cuatro de agosto como acordaron, pues las informaciones que se manejan en ese sector es que hasta la fecha no ha llegado a ninguna entidad financiera esas piezas, razón por la cual es factible que los billetes del cono fuerte se les prolongue la vida hasta más veces que la tenida por el billete de cien bolívares.
El presidente conoce que fue reelegido porque no compitió con un candidato certero opositor. Sabe que su triunfo no se debe a unas elecciones transparentes ni democráticas y que el 82 por ciento de los venezolanos lo repudian como Jefe de Estado por su ingobernabilidad frente al hambre, la muerte, la miseria y la agonía que él mismo, junto con su gabinete, creo para subyugar y hacer depender a la población de las dádivas que otorga su gobierno por medio de los distintos programas sociales suscritos a las distintas misiones socialistas.
Nicolás Maduro está claro en que no cuenta ya con el apoyo popular obtenido cuando Hugo Chávez pidió a sus seguidores le apoyaran como candidato presidencial y le dieran sus sufragios. Igual sabe que no tiene el voto duro de sus seguidores potenciales y que los pocos que sufragaron por él lo hicieron por coerción o por miedo a perder la pensión, los productos alimenticios entregados en las cajas del Clap o cualesquiera de los bonos prometidos en las arengas populistas televisadas y demás “ayudas” gubernamentales que otorgan, por ejemplo, a la mujer por salir preñada o a los electores que voten por Nicolás Maduro para ocupar nuevamente el cargo de Primer Mandatario Nacional o por los candidatos que él ponga para gobernador, alcalde, diputados y concejales.
Toda una tramoya electoral para no dejar el poder político que les ha permitido obtener el poder económico, mediante el cual se han enriquecido a través de la acumulación de millones de dólares, euros y otras monedas extranjeras guardados en paraísos fiscales de Andorra, Suiza, España, Estados Unidos. Millones de divisas hoy retenidas por las autoridades de esos países por su procedencia dudosa y la oscuridad en su obtención. Realidad que obligó a los gobernantes de distintas naciones de la comunidad internacional imponer una serie de sanciones a los titulares y testaferros de esas cuentas, los cuales según investigaciones fueron y son funcionarios de los gobiernos de Hugo Chávez Frías y Nicolás Maduro, catalogados en adelante como corruptos y como gobernantes atentatorios de los derechos humanos, por cuanto mientras la población muere de hambre por causa de sus políticas pro comunistas, ellos han acumulado riquezas por el mal manejo del erario público nacional.
Esas sanciones se encuentran vigentes y conforman la carta de presentación que ante el mundo internacional poseen Nicolás Maduro y muchos de sus acompañantes en el gobierno y el Partido Socialista Unido de Venezuela. Los pecados que condenan tanto al Presidente de la República, como a sus aliados, hasta el punto de aproximarlos al infierno, son su delirio por la autocracia y el uso de la fuerza bélica y paramilitar en contra de quienes se atrevan a diferir de su forma de gobernar o de sus políticas públicas. Los cementerios, las cárceles y las torturas se han convertido, al igual que el hambre, la pobreza, la miseria y el chantaje político, en sus principales armas para silenciar, aniquilar amedrentar y someter al contario, sin importar que la dignidad es un valor humano que no puede vulnerarse ni trastocarse por fines políticos, económicos y sociales.
Todo ese accionar atroz se encuentra en cada uno de los expedientes que los miembros de las organizaciones de los derechos humanos del mundo han instruido a los funcionarios gubernamentales venezolanos que están sancionados por violentar los derechos humanos y la democracia en el país. Nicolás Maduro está consciente del peligro que eso representa para su gestión y aunque aparenta no importarle esa decisión, sabe que su segundo mandato será cuesta arriba si la comunidad internacional sigue sin reconocer los resultados de los comicios electorales del pasado 20 de mayo y continúa exigiendo nuevas elecciones transparentes, libres y democráticas.
Por estar consciente de los peligros de su no reconocimiento como presidente de la Republica, Jefe del Estado y Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, es que Nicolás Maduro, luego del proceso electoral del pasado 20 de mayo de 2018, monta un show político para demostrarle a los venezolanos y a los habitantes del mundo, principalmente a aquellos que lo han catalogado como dictador, su ética como gobernante y su carácter democrático para ejercer el poder. De allí, que en la madrugada del día 21 de mayo, llama nuevamente a otro cacaraqueado diálogo con la oposición, sin recordar que para que pueda existir dialogo deben respetarse ciertas normas que él ni sus compañeros cumplen, por cuanto siempre propician el diálogo dirigido o el monologo, pues lo que realmente les interesa es ganar tiempo para lograr sus sórdidos propósitos o imponer su teoría sobre la crisis del país.
Llama a diálogo y no recuerda que en ese proceso debe haber emisores, receptores y un medio propicio que emita el mensaje, porque de lo contrario es una farsa, como lo fue el más reciente realizado en República Dominicana. Dice estar dispuesto a sentarse a conversar con los representantes de la oposición, pero no escuchó a sus contrincantes antes de las elecciones, cuando le exigían posponerlas hasta finales de año para garantizar la participación de todos de forma democrática y fidedigna. Eso no ocurrió. En consecuencia, en esos comicios, se impuso su criterio y arbitrariedad.
Se violentó la norma para favorecerle como candidato presidencial y sus “empleados” cerraron todas las puertas para la competencia electoral sana y transparente. Se votó con amenaza, más no se pudo seleccionar a nadie, porque los partidos y posibles candidatos opositores fueron inhabilitados con anterioridad para evitar se midieran con el aspirante a la reelección. Se perdió la probidad en el voto y en toda contienda electoral que sea organizada por las autoridades del Consejo Nacional Electoral. Se consumó la “victoria” anunciada con anterioridad. Eso no es democracia y tampoco garantía de diálogo. Es la realidad vivida en la cuna sagrada de Simón Bolívar, aunque se suplique ir a un diálogo que no es tal, porque mientras se invita a ese diálogo, los presos que se liberaron no quedan totalmente libres. Se sacan de las cárceles con medidas cautelares y se les obliga a presentarse ante los miembros de tan cuestionada Asamblea Nacional Constituyente para que les lea la cuartilla en la cual se les niega su libertad de expresión y circulación, al impedirles dar declaraciones públicas y salir del país.
Esas liberaciones son parte del show. También una medida frenética para aliviar el ruido oneroso de la tortura intracarcelaria y hacer espacio para otros presos singulares que ya van llenando los recintos penitenciarios por su queja y descontento de como se está gobernando la nación, fuera de lo consagrado en la Carta Magna. Esos presos son muchos militares que pueblan hoy el Helicoide y Ramo Verde, por ejemplo, y al igual que los presos políticos civiles reciben torturas y demás maltratos no consagrados en las cláusulas de los tratados sobre derechos humanos, en aras de lograr informaciones infundadas que involucren a los supuestos enemigos del régimen.
