El paso de ondas tropicales por nuestro país ha acarreado innumerables consecuencias. Deslaves, fallecidos y, también, dificultades para la disposición final de la basura que, en el caso del municipio San Diego, acarrean una merma en la recolección de los desechos por las malas condiciones del vertedero de El Tigre, en Guacara, un espacio con acceso limitado debido a las pésimas condiciones derivadas de un mal manejo gubernamental.
Por los momentos, un cambio en el destino de las gandolas que transportan la basura, que desde el jueves están autorizadas a descargar en Morón, permitirá, al menos, disponer los desechos aunque el trayecto sea más largo.
El alcalde de San Diego, León Jurado, lo explica de la siguiente manera: «San Diego se planificó desde hace mucho tiempo y cuenta con una zona de transferencia, donde los camiones compactadores que recogen la basura en calles y avenidas la vierten sobre unas gandolas que son las que van al vertedero. Así los camiones siguen recolectando desechos en el municipio».
El problema ha sido que las gandolas pasan hasta 12 horas en Guacara, a la espera de poder descargar los desechos. Eso ocurre porque, por lo general, en épocas de invierno el vertedero colapsa, debido a un manejo inadecuado de esos espacios. «Las vías de acceso a El Tigre no cuentan con drenaje, no están asfaltadas, no tienen concreto, no hay material de cobertura para la basura que allí se dispone. Es un vertedero a cielo abierto, no un relleno sanitario, que carece de la maquinaria suficiente para su manejo».
Jurado amplía. «Si en época de lluvia colapsa la vía, las gandolas no pueden entrar, entonces hay que mandar a los camiones compactadores y ahora la situación se ha complicado aún más porque ni siquiera esos vehículos están entrando al vertedero«.
La situación se ha hecho del conocimiento público, pero también se han enviado oficios a la empresa Desechos Sólidos de Carabobo (Desoca), que administra el vertedero, pero estos no fueron recibidos, lo que obligó a levantar actas para dejar constancia de esa situación. En la Gobernación de Carabobo si las recibieron. También se enviaron oficios al Ministerio de Ecosocialismo pidiendo la inspección del vertedero.
San Diego dispone la basura en Morón
Una respuesta llegó. Desoca autorizó al municipio San Diego a disponer la basura en el vertedero de Morón. Aunque es más lejos, se logra el objetivo de descargar las gandolas. «Es preferible hacer varios viajes a Morón que mantener unas gandolas paradas por 12 horas en Guacara, si es viable seguir allá lo haremos».
También hubo promesas. Según la misma comunicación telefónica, en 10 días estarán reparadas las vías de acceso al relleno sanitario de El Tigre, en Guacara. Si se cumple, se volvería a descargar la basura allá.
Pero León va más allá. Está pidiendo al gobernador y al Consejo Legislativo de Carabobo (CLEC) que le transfieran a San Diego la competencia de relleno sanitario. Según explicó el alcalde, la Constitución de Venezuela y la Ley Orgánica del Poder Público Municipal asignan a los municipios la competencia del aseo urbano en todas sus fases y se entiende que la disposición final de la basura es parte del proceso.
Pero la Ley de Gestión Integral de la Basura otorgó la competencia a los estados, saltando al municipio. Desde el punto de vista ambiental, Jurado no ve la decisión como descabellada, pues es mejor tener tres o cuatro rellenos por estado y no uno por municipio, pues se afecta en menor medida el ambiente. Pero en la práctica, eso no está funcionando.
Es esta la razón por la que pide que se les otorgue la competencia para poder desarrollar un relleno sanitario municipal y resolver así la recolección de basura de manera eficiente y eficaz
Este relleno sanitario estaría ubicado en el Valle de Mozanga, una zona industrial ubicada frente a la estación de servicio Bohío, en el lado de San Diego. «Al final de la carretera no hay construcciones, solo al inicio hay unas empresas y una subestación eléctrica. No es zona residencial, el sitio está aislado, la conformación del terreno es apta para un relleno sanitario y el Plan de Desarrollo Urbano Local permite su establecimiento».
León Jurado pide que les entreguen las competencias para, con la tecnología suficiente, disponer la basura de San Diego y quizás recibir la de otros lados.
La construcción de un relleno sanitario obliga a realizar movimientos de tierra en el área de la basura para ir abriendo la fosas necesarias de manera progresiva. También es necesario colocar un manto geotextil, drenajes, tubos o chimenas para los gases y el material de cobertura que se obtiene de lo que se saque durante la creación de las fosas. El alcalde lo ve como un proyecto sustentable, que incrementaría el costo del servicio en un 20%, pero que aportaría una solución a largo plazo.
Otra opción es comprar más camiones, unos seis u ocho, pero sería una inversión costosa, que duplicaría el costo del servicio para lograr una solución a un problema puntual, que en este caso es el invierno. «No se justifica una inversión tan alta para resolver una situación que durará tres meses, mientras cesan las lluvias».
Contar con el relleno sanitario en San Diego garantizaría una solución definitiva y evitaría colapsos como el actual, que ha mermado la recolección de basura en todas las calles y avenidas del municipio porque los camiones están haciendo cola para descargar en El Tigre.
Un órgano superior represor e inconstitucional
Ley Orgánica de Coordinación y Armonización de las potestades tributarias de los estados y municipios está mal concebida, en criterio de León Jurado. En principio, asigna unas bandas para el cobro de los tributos en todo el país, pero entendiendo que los municipios tienen vocaciones distintas, asignar las mismas alícuotas es contraproducente.
Lo más grave no es, sin embargo, que se establezcan bandas para los tributos, porque la Ley Orgánica del Poder Público Municipal señala cuáles son los impuestos que el municipio puede cobrar e impide la generación de otros. El peor problema de este proyecto centralizador es la creación de un Órgano Superior de Armonización, regido por la vicepresidenta, el vicepresidente de materia económica y financiera, tres gobernadores y tres alcaldes, quienes tomarán las decisiones.
Según explicó, a través de ese órgano superior se niega la posibilidad de que el municipio organice sus procedimientos, las alícuotas que se van a cobrar ni se establezcan los parámetros sobre los cuales cada contribuyente debe estar al día. Por ejemplo, las licencias de actividades económicas, según el proyecto de ley, estarán vigentes por dos años, pero todos los permisos que se piden para su emisión duran un año.
El órgano superior también decidirá cuál es el valor de la tierra para generar el Impuesto de Inmueble Urbano, un proceso que hoy es competencia de las oficinas de catastro, las cuales tendrán que desaparecer porque su razón de ser ya no existe.
También significa que no se podrán generar los proyectos de planificación presupuestaria anual hasta tanto el órgano superior diga cuál es el valor de la tierra. «San Diego ya tiene el presupuesto para 2023 armado, listo para ir al concejo municipal para su aprobación, pero si tengo que esperar a que el órgano central me diga cuál es el valor de la tierra para generar el impuesto no puedo planificar el presupuesto y tendremos retrasos en la actuación del municipio, lo que además afecta la autonomía municipal».
El alcalde Jurado está consciente de que no toda la ley es inconstitucional, se queja básicamente de ese órgano censor en materia impositiva que deja por fuera la autonomía del municipio y de los concejos municipales para dictar los impuestos y afecta sus desempeños.
