El aumento inconsulto de las tarifas de aseo urbano ha puesto a los comerciantes de Naguanagua en una verdadera disyuntiva: O trabajan para pagarle a la alcaldía o cierran sus locales. Para ellos es difícil hacerle frente a un incremento lineal de ese impuesto, que ronda el 300%.
De visita en El Carabobeño, un grupo de comerciantes, entre ellos Junior Del Pino, Roxana Rodríguez, Juan Carlos Cortez, María Alejandra Mota y Carlos Moreno, expusieron los argumentos para solicitar que este aumento sea discutido con los afectados, pues de lo contrario el panorama se oscurece de manera considerable.
Los comerciantes calificaron como un exabrupto que se hayan aprobado estas tarifas en forma unilateral, sin consultar la opinión de los ciudadanos, tal como lo establece el artículo 92 de la Ordenanza de Aseo.
En esta oportunidad se aplicó un aumento de tarifas de entre 300 y 400 por ciento, pero nada garantiza que dentro de pocos meses no se establezca otro de 600 por ciento, pues la alcaldía simplemente no consulta con los afectados.
Comentaron que las tarifas se aumentaron tanto, que un centro comercial pequeño, que pagaba mil dólares por el aseo, ahora tiene que pagar cuatro mil. Pero además, un establecimiento comercial no solo debe pagar el aseo, también tiene que hacerle frente a otros impuestos municipales, además de los alquileres de local y otros servicios públicos.
Sobre los argumentos expuestos por el presidente del concejo municipal, Gerardo Ramírez, hasta ahora la única voz oficial que ha hablado al respecto, los comerciantes señalaron que el servicio de aseo en el municipio lo presta desde hace 20 años una empresa privada, por lo que señalar que es para reponer la flota de camiones compactadores y dotar de uniformes al personal deja de tener asidero. «Es la empresa la que debe hacer frente a esos gastos»
Junior Del Pino comentó que bajo la administración de Gustavo Gutiérrez, también se hizo un incremento en las tarifas del aseo, bajo el mismo argumento, pero el servicio no mejoró. Exigen que se haga una revisión de las tarifas, de acuerdo a la actividad que se realiza en cada local y el tamaño, porque la generación de desperdicios depende de ello.
Aseguró que la Cámara de Comercio de Turismo, Emprendedores y Artesanos de Naguanagua, que preside Fernando Peláez, es ilegal y que por lo tanto es desconocida por el 99% de los comerciantes del municipio.
Esta es la cámara que dijo estar de acuerdo con el aumento en las tarifas del aseo urbano.
Al referirse al anunció que hizo Peláez, en el sentido de que la cámara no respalda ningún mecanismo de protesta fuera del diálogo, señaló que a los comerciantes los ampara el artículo 68 de la Constitución, por lo que están en su derecho de protestar en forma pacífica, sin armas y con argumentos.
También pidió al presidente del Concejo Municipal de Naguanagua, Gerardo Ramírez, que se retracte de sus declaraciones donde apoya la posición de la alcaldesa Ana González, porque debe recordar que se debe estar del lago de los intereses de los ciudadanos.
Del Pino cuestionó que algunos funcionarios de la Policía Municipal de Naguanagua se presenten a los negocios a solicitar documentación, cuando eso es competencia exclusiva de los funcionarios de la Dirección de Hacienda de la alcaldía.
La queja no es por el aumento, porque pudiese estar justificado, aseguró María Alejandra Mota. Lo que está cuestionado aquí es el porcentaje y la manera inconsulta en la que se aplicó. «Esos pasos deben ser consensuados, estudiados por las partes que se verán afectadas por esa decisión. Ellos tienen una ordenanza que les permite hacer aumentos porque está anclado al petro, que es poco, bueno pero tu creaste ese mecanismo. Ahora no te conviene y vas a cambiar las reglas?»
El aumento debe ser revisado, porque un local puede tener el mismo metraje, pero se dedican a cosas distintas y generan distintas cantidades de desechos. Además, se afecta la estructura de costos de manera considerable, señaló Mota.
Lo otro es que si no todos los comerciantes de un centro comercial no pagan, los que sí pagaron igual estarán multados. Son normas que lejos de beneficiar al comerciante, al emprendedor, lo perjudican de manera determinante, criticó Mota. «Es un llamado a flexibilizar porque afectan a todos los comerciantes y a que reflexionen sobre la arbitrariedad cometida, que si es necesario aumentar, que se haga paulatinamente y eso pasa por conversar.»
Entre patente e impuestos los comerciantes deben pagar, hasta ahora, unos 150 dólares por cada uno, sin contar el nuevo aumento. «Pedimos a la alcaldía que revisen qué prefieren: si tener comerciantes ajustados a la legalidad o que decidan ir a la informalidad porque no pueden con los gastos que impone la alcaldía».
Para ellos sería entonces más fácil cerrar el local, trabajar desde sus casas y crear cuentas en redes para vender sus productos, porque de esa manera no se pagan impuestos. Por lo menos, no hasta ahora.
Para Juan Carlos Cortez la realidad es dura. El tiene un negocio de ropa y va a pagar 100 dólares por concepto de aseo. El quiere que el gobernador los apoye para enfrentar esta situación. De no llegar a acuerdos, en su local tendría que bajar la santamaría.
Roxana Rodríguez no está en mejor condición. Ella tiene un negocio relativamente nuevo, que no ha generado suficientes ingresos como para estabilizarse. Empezó pagando 70 dólares por concepto de aseo, pero ya la tarifa va por 396 dólares. La explicación fue: «hubo un aumento». Ahora, frente a ese incremento no sabe cómo reaccionar.
Carlos Moreno hizo un llamado a la reflexión, porque cuando se viola el derecho de una de las partes, se perjudican todos. «El exabrupto del incremento es una falta de respeto, no hay mesa de conversación, no hay acuerdos. «Tenemos que ser aliados, sin bandos, somos naguanaguenses, venezolanos que trabajamos por levantar al municipio».
El resto de los comerciantes pidió la intermediación del gobernador Rafael Lacava para evitar que esta decisión los lleve a la quiebra.
