La empresa argentina Bioart había exportado arroz por 60 millones de dólares a Venezuela, en un negocio presuntamente irregular, sin competidores para una firma con escasos antecedentes con el rubro, aparentemente basado en la amistad que tenían los propietarios, la familia Vignati, con la hija del entonces presidente Hugo Chávez, María Gabriela, que los llegó a llamar desde sus redes sociales, «mis hermanos argentinos».
Señala la web del rotativo bonaerense La Nación que Bioart resultó la única empresa habilitada entre 2012 y 2013 para vender arroz a Venezuela a través de un acuerdo binacional que pronto llamaría la atención de la Fiscalía argentina, cuya división especializada en lavado de dinero denunció a los Vignati por presuntos sobreprecios que acumularon los 23 millones de dólares.
No obstante, la Justicia sobreseyó a todos los acusados en medio de la pandemia al entender que los sobreprecios constituyeron «proporcionales al riesgo» que asumía la empresa al venderle a un país en crisis como Venezuela.
La causa judicial sobre la exportación de arroz resulta apenas un ejemplo del trámite que llevan las investigaciones judiciales por ventas fraudulentas a Venezuela. Casi ninguna avanza y, las pocas que han logrado vencer la falta de colaboración desde Caracas, llevan demoras de más de una década, como el caso de Antonini Wilson, que continúa sin resolverse a pesar de que la investigación lleva más de una década.
Los elementos contemplados
Para el caso de Bioart, los fiscales Gabriel Pérez Barbera y Laura Roteta denunciaron la exportación de arroz con cáscara por 606,5 dólares la tonelada, un valor que «duplicaría el precio de mercado del mismo producto, que entonces rondaba por 310 dólares».
Los fiscales valoraron otros elementos. La Unidad de Información Financiera (UIF) había señalado a los Vignati en seis reportes de operación sospechosa (ROS) vinculados a compras de propiedades, vehículos, adquisiciones de moneda extranjera, inversiones a través de sociedades de bolsa y hasta compra de joyas entre 2013 y 2015, inmediatamente después de hacer los negocios con Venezuela.
Las alertas desde el sistema bancario llegaban porque se trataba de movimientos «inusuales» en las cuentas de la familia.
La exportación de arroz con cáscara se erigió, apenas, como la primera de las ventas millonarias a Venezuela para los Vignati. Siempre bajo el paraguas de los acuerdos bilaterales, Bioart le vendió al chavismo aceite de soja, leche en polvo y maíz por al menos 145 millones, según reveló la Sindicatura General de la Nación.
La vinculación política
Los fiscales agregaron pruebas de la vinculación política de los Vignati. La empresa Bioart autorizó a Facundo De Vido, el hijo del entonces ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, a conducir una camioneta Toyota Hilux 4×4, que formaba parte de su flota de vehículos, según consta en el expediente. Cabe recordar que el funcionario estuvo detrás de todos los convenios bilaterales que se firmaron con Venezuela y bajo su poder estaba manejar la diplomacia desde Argentina, una relación privilegiada por la amistad que mantenía Chávez con el matrimonio Kirchner.
¿Por qué Bioart SA vendió arroz más caro a Venezuela? Los fiscales de la Procelac acusaron a la empresa de un presunto pago de sobornos para defraudar al Estado venezolano, pero Roberto Vignati explicó ante la Justicia que su empresa «decidió asumir los riesgos inherentes al contexto» de ese país, que había entrado en cesación de pagos. «Venezuela ya no era la misma que hacía dos años, los riesgos asumidos para venderle no eran los mismos, el contexto económico, los valores de los fletes no eran los mismos y, en fin, las condiciones comerciales no eran las mismas que estaban vigentes entre 2009 y 2012, cuando las otras cuatro empresas exportaron cientos de miles de toneladas de arroz a Venezuela”.
Sobreseídos
La fiscal Paloma Ochoa, que estuvo tres años a cargo de la investigación, finalmente determinó en junio de 2020 que Bioart SA no había cometido ningún delito, una decisión luego avalada por el juez Daniel Rafecas.
Ochoa sostuvo que los testimonios de otros exportadores de arroz citados como testigos en el caso «revelaron que los costos y los riesgos en las operaciones llevadas a cabo por Bioart resultaban superiores a los asumidos por los restantes exportadores, por haberse efectuado a precio cerrado». Y agregó que «no existe un precio internacional para el arroz con cáscara», por eso «su fijación depende de los términos de la operación comercial acordados» con el comprador del producto, en este caso el Estado venezolano.
La fiscal decidió dictar el sobreseimiento de los acusados sin esperar la respuesta del exhorto que envío a Venezuela para reclamar información tanto de los Vignati como de las investigaciones judiciales en curso en ese país sobre el entonces ministro de Alimentación de Venezuela, Félix Osorio Guzmán, señalado en la denuncia como parte del esquema de irregularidades.
Por último, la fiscal Ochoa rechazó «las supuestas conexiones políticas» que señalaron sus pares de la Procelac después de comprobar que los Vignati no formaron parte de ninguna misión comercial de la Argentina entre 2012 y 2013. Pero pese a no integrar comitivas oficiales, los Vignati ya estaban en boca del poder desde hacía años.
De hecho, mucho antes, el 22 de enero de 2009, en Caracas, Hugo Chávez, anfitrión de un acto con Cristina Kirchner, repasaba con su par la lista de decenas de acuerdos comerciales que iban a firmar ese día. La entonces presidenta argentina nombró a «Talleres Marisa SRL», la empresa predecesora de Bioart para venderle a Venezuela. «¿Marisa?», preguntó Chávez. «Sí, Marisa SRL», afirmó Cristina.
Con información de La Nación.
