(Foto cortesía)

Lilian Tintori informó que los familiares de los políticos presos apoyan las audiencias que inició la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre la violación de derechos humanos en el país.

“Desde el comité de familiares de presos políticos y desde el comité de caídos en Venezuela, apoyamos el ciclo de audiencias públicas que se está dando en la OEA para verificar, evaluar y constatar que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad”, dijo Tintori en rueda de prensa.

Tintori, acompañada de algunos familiares de opositores encarcelados, indicó que espera que llegue la justicia a Venezuela.

“Queremos que se evalúe y que lleguemos a las últimas instancias a las que hay que llegar para que se cumpla la justicia, para que llegue a Venezuelala justicia, para que logremos la libertad de todos los presos políticos y para que más nunca en Venezuela se torture a nadie, sea quien sea”, agregó.

La OEA abrió el pasado 14 de septiembre un ciclo de audiencias públicas en las que un grupo de expertos determinará si hay bases para denunciar al Gobierno de Venezuela por crímenes de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional (CPI). Este proceso durará dos meses.

Esta actividad surgió con la iniciativa del secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien considera que el Gobierno de Venezuela ha cometido crímenes contra la humanidad. Así lo denunció en su informe del 17 de julio de 2017.

Almagro consideró que hay evidencias que apuntan al uso sistemático, táctico y estratégico del asesinato, encarcelamiento, tortura, violación y otras formas de violencia sexual como herramientas para “aterrorizar al pueblo venezolano”.

La información obtenida a través de las audiencias públicas y por el equipo de investigación la analizará un panel de expertos antes del 30 de octubre. Este evaluará la información y determinará si tiene suficiente mérito para que el secretario general lo presente a la Corte Penal Internacional.

Los resultados del proceso serán entregados al Consejo Permanente del organismo y a la Fiscalía de la CPI. EFE




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