La venezolana Linda Loaiza, quien fue secuestrada, torturada, mutilada y abusada en 2001, denunció este miércoles que el Estado de Venezuela no ha tomado ninguna acción en su caso tras cumplirse cuatro años de la sentencia condenatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
«Esa sentencia no abrió ninguna puerta para que el sistema de Justicia venezolano hiciera algún gesto reivindicador de su nefasta actuación en mi caso», apostilló Loaiza en un comunicado difundido en Twitter.
La mujer afirmó que un fallo internacional no basta si el Estado no cumple con ese mandato.
«Esa sentencia sigue mostrando la cara inocultable de la impunidad sistemática en Venezuela», agregó.
Loaiza sostuvo que «sigue la impunidad abriendo la puerta para la continuidad de estos crímenes contra las mujeres, niñas y adolescentes».
Estado «responsable por los hechos»
En 2018, la CIDH encontró al Estado «responsable por los hechos de tortura y violencia sexual sufridos por Linda Loaiza López Soto, en violación de varias disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer».
La joven fue secuestrada por un hombre el 27 de marzo de 2001 cuando tenía 18 años, hasta que, casi cuatro meses después, el 19 de julio de ese año, fue rescatada por las autoridades en pésimas condiciones de salud.
Los jueces de la CIDH dieron por probado que, durante el periodo que estuvo secuestrada, López Soto «fue sometida de manera continua a diversos actos de violencia física, verbal, psicológica y sexual, incluyendo la ingesta forzada de alcohol, drogas y medicamentos, privación de alimentos, reiteradas violaciones vaginales, anales y con objetos».
Según la sentencia, la mujer también fue víctima de «golpes que le provocaron traumatismos contusos y hematomas en el rostro, los pabellones auriculares, el tórax y el abdomen, fractura de la nariz y la mandíbula, entre otros».
En el proceso penal interno de Venezuela se llevaron a cabo dos juicios orales, ya que el primero fue anulado.
En el segundo, el agresor, identificado como Luis Carrera Almoina, fue condenado por los delitos de privación de libertad y lesiones
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