La fiscalía investigará a cinco funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana que asesinaron con una bomba lacrimógena a Juan Pernalette.
La fiscal Luisa Ortega Díaz dijo que solo falta individualizar las responsabilidades para hacer la acusación
Según Ortega Díaz, se han registrado 55 muertes durante las protestas que iniciaron el 5 de abril, de los cuales 52 son civiles y tres funcionarios militares. Mil personas han sido lesionadas, más de 700 civiles y casi 300 funcionarios.
La fiscal recordó que está prohibido que funcionarios de los cuerpos de seguridad disparen directamente a las personas con el armamento dispuestos para el control del orden público. Tratados internacionales y normas nacionales lo prohíben.
Ortega llamó a hacer seguimiento a la actuación de funcionarios en materia de orden público. Quienes tienen el mando deben asegurarse de que los funcionarios tienen la formación, las competencias necesarias, la actitud mental y física para el manejo de hechos violentos. «Es una responsabilidad del Estado garantizar una actuación apegada a derecho. Los funcionarios deben tener entrenamiento equipamiento y garantizar el debido descanso. Una persona no puede estar más de 11 horas trabajando».
La fiscalía General de la República solicitó a tribunales militares información sobre dos casos que están siendo juzgados en esa jurisdicción. Al no haber pronunciamiento sobre la petición, accionarán una demanda en defensa de las obligaciones que como institución tienen y en virtud de que se irrespeta el derecho al juez natural establecido en la Constitución
