(Foto EFE)
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“Hasta que sea necesario”, la oposición venezolana salió este viernes a las calles a desafiar a los militares de Venezuela, considerados el principal sostén del gobierno de Nicolás Maduro.

Pero cuando se cumplen 56 días de protestas que dejan 57 muertos, tanques y piquetes desplegados, sumados a una fuerte descarga de gases lacrimógenos y chorros de agua, impidieron el paso de los manifestantes hacia Los Próceres, donde se encuentra el Ministerio de Defensa, cerca del emblemático Fuerte Tiuna, la mayor instalación militar del país.

Siempre estoy aquí para que haya un cambio en este país, dijo Francisco García, artista plástico y chef, de unos 40 años. “Hasta que sea necesario, hasta siempre, hasta que nazca la democracia”, añadió al exhortar a los venezolanos a seguir en la calle.

“Régimen comunista”

A la oposición se le unió un grupo de militares retirados, quienes denunciaron los atropellos de las Fuerzas Armadas contra los manifestantes y expresaron su rechazo a la Constituyente propuesta por Maduro, que -según ellos- quiere introducir un régimen comunista.

Las manifestaciones se producen después de que la fiscal general, Luisa Ortega, de 59 años, responsabilizara a la militarizada Guardia Nacional por la muerte de un joven y más de 500 heridos durante las protestas.

En claro desafío al gobierno, Ortega, confesa chavista, señaló que la muerte de un joven durante una protesta en Caracas fue causada por el impacto de una bomba lacrimógena, y no por una pistola de pernos utilizada por manifestantes, como aseguraron las autoridades venezolanas.

Más de la mitad de los lesionados ha sido producto de la acción de los cuerpos de seguridad, dijo.

El ministro de Interior y Justicia, general Néstor Reverol, defendió la actuación de los cuerpos de seguridad, al tiempo que acusó a la Fiscalía de promover un clima de impunidad ante hechos de violencia de opositores.

Varios dirigentes opositores como el presidente del Legislativo, Julio Borges, han pedido a la Fuerza Armada respetar la ley al denunciar una fuerte represión.

No queremos una Fuerza Armada que se pase a la oposición, queremos una Fuerza Armada que se pase a la Constitución, expresó recientemente Borges.

El gobierno responsabiliza a los opositores, algunos armados con piedras y cócteles molotov, de los enfrentamientos descontrolados. Pero sus adversarios aducen que tienen que defenderse de las bombas lacrimógenas, perdigones e incluso balas.

“Sí a la Constituyente”

En el otro extremo de la ciudad, una marea roja de chavistas con pancartas “Sí a la Constituyente” se dirige hacia el Palacio presidencial de Miraflores, en apoyo al proyecto convocado por el presidente Maduro.

Nos encontramos movilizados en apoyo a una Constituyente, una Constituyente de la paz y del futuro, señaló Kennedy Morales, dirigente estudiantil de 24 años.

Esta semana el gobierno activó el proyecto -cuya votación está prevista para fines de julio-. Incluso el Consejo Nacional Electoral (CNE) invitó a los candidatos a inscribirse el jueves y el viernes de la próxima semana.

La iniciativa es rechazada de plano por la oposición, al esgrimir que con este proyecto lo único que busca Maduro es perpetuarse en el poder.

La oposición y varios analistas advierten además que el sistema de elección de la Constituyente -al que tildan de fraudulento- niega la votación universal e involucrará solamente a bases sectoriales afines al chavismo.

Maduro aclaró que se elegirá a 540 asambleístas, 364 por municipios y 176 en votaciones por sectores sociales como trabajadores, indígenas o campesinos. Pero cada candidato debe recibir la luz verde del CNE, señalado de servir al gobierno.

El gobierno acusa a la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) de actos de terrorismo para desencadenar un golpe de Estado.

En los últimos días, Maduro ha denunciado una “corriente nazi-fascista” que -sostiene- crece en la oposición. Según él, los chavistas son los judíos del Siglo XXI.

Las violentas protestas se multiplican en medio de una severa crisis económica, con una desbocada inflación -estimada en 720% por el FMI para 2017- y una escasez crónica de alimentos básicos y medicinas.

Un contexto que golpea aún más la popularidad de Maduro, cuya gestión rechazan siete de cada diez venezolanos, según encuestas privadas.




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