Una decena de nicaragüenses con banderas azules y blancas, símbolo de las protestas, se concentraron frente a la sede de la OEA, donde hoy se inició una sesión extraordinaria de su Consejo Permanente para evaluar la situación en el país centroamericano.
La celebración de la reunión fue solicitada por las misiones en la Organización de Estados Americanos (OEA) de siete países: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Perú y EE.UU., según figura en el documento de la convocatoria.
Fuera de la sede de la OEA, en Washington, una decena de nicaragüenses gritaban consignas como, «¡Queremos una Nicaragua libre!».
Los manifestantes increparon a su llegada a la OEA al embajador de Nicaragua ante el organismo, Luis Alvarado, al que llamaron «asesino» y le pidieron que no sea «cómplice» de la «represión» del presidente nicaragüense, Daniel Ortega.
La sesión comenzó pasadas las 10.00 hora local (15.00 GMT) y su objetivo es la «consideración de la situación en Nicaragua», así como la presentación ante el Consejo Permanente del informe elaborado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH.
Ese informe fue presentado la semana pasada en Washington y en este, el GIEI señaló que existen pruebas para argumentar que el Gobierno de Ortega ha incurrido en delitos de lesa humanidad.
El pasado 19 de diciembre, el Gobierno de Nicaragua dio por concluida la presencia en el país de los representantes del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni), que vigilaba la situación de los derechos humanos y del GIEI, que tenía como objetivo ayudar en las investigaciones judiciales, lo que supuso en efecto su salida de dicho organismo.
La sesión está presidida por la embajadora de Costa Rica ante la OEA, Montserrat Solano; y se encuentra presente el secretario general de la OEA, Luis Almagro.
Nicaragua está inmersa en una crisis desde el estallido el 18 de abril de unas protestas que buscan la renuncia de Ortega.
La crisis ha dejado 325 muertos desde abril, de acuerdo con la CIDH, aunque algunos grupos elevan la cifra a 545 las víctimas mortales, mientras que el Ejecutivo solo reconoce 199 y denuncia un intento de golpe de Estado.
Los organismos humanitarios locales cuentan, además, hasta 674 «presos políticos», mientras el Gobierno de Ortega registra 340 reos a los que tilda de terroristas, golpistas o delincuentes comunes.
