Realmente, en Venezuela sí hace falta hacer cambios urgentes a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela para eliminar la reelección indefinida de los cargos de elección popular e impedir que tanto el Presidente de la República, como gobernadores, alcaldes, diputados y concejales se eternicen en el poder, así como para evitar que se vulnere la autonomía de los poderes públicos y que desde el Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo Nacional Electoral y el Poder Moral se emitan decisiones políticas y no jurídicas e institucionales o no apegadas a los mandatos constitucionales para favorecer la permanencia en el cargo a altos funcionarios públicos, pese a que su gestión es reprobada por la población y atentatoria de los principios democráticos consagrados en la Carta Magna. E igualmente, la constitución debe sufrir una rápida enmienda para evitar que las fuerzas armadas nacionales y las policías disparen contra la ciudadanía y se alíen a paramilitares u otras bandas criminales organizadas para infundir terror, violentar la vida, los hogares y la tranquilidad de los venezolanos por el simple hecho de expresar su desacuerdo con un gobernante que desgobierna y cada día da muestras de que no es demócrata y que no le importa la muerte de casi 80 ciudadanos y no terroristas, como pretenden calificarlos para justificar sus desmanes dictatoriales y propios de un mandatario autoritario y déspota que no imagina el futuro que le espera cuando los tribunales internacionales les juzguen por crimen de lesa humanidad.
Sí, la Carta Magna debe sufrir transformaciones, pero a través de una enmienda y no mediante una Asamblea Nacional Constituyente Comunal espuria o ilegítima como la convocada por Nicolás Maduro, con el único objeto perpetuarse en el poder a la fuerza e institucionalizar un régimen totalitario y represor, en el cual uniformados legales e ilegales, así como civiles armados, sacados por el gobierno del mismo infierno se unen, para repartir terror y horror a quienes se le oponen y sin ningún vestigio de humanidad aprietan el gatillo para disparar perdigones, metras, tuercas, tornillos u otros objetos contundentes, además de bombas lacrimógenas “aliñadas” para acabar prematuramente con la vida de jóvenes que salen a la calle a protestar y a enfrentarse al aparato bélico del Estado con piedras y escudos de latas, de cartón piedra y de madera, porque se niegan a aceptar en sus postrimerías, el desempleo, el hambre, la miseria, la opresión y la inseguridad, entre otros flagelos enquistados en el país por la revolución bolivariana, en 18 años de ineficiencia gubernamental. Ante esas atrocidades de la fuerza pública del Estado y las añadidas de recónditos perversos se cabe preguntar, es esa la unión cívico militar de la cual el ex presidente Hugo Chávez Frías hacía tanta énfasis?
El presidente de la República no se retracta de su afán de realizar la Asamblea Nacional Constituyente Comunal por muy inconstitucional que ésta sea. No acepta que violó las reglas constitucionales al convocarla, porque al hacerlo depreda la soberanía popular y se la endilga el para evitar que el pueblo rechace su pedimento en el referendo consultivo que debió hacerse. El presidente no cumplió con lo establecido en la Carta Magna, artículos 347 y 348, para convocar una Asamblea Nacional Constituyente, porque no conoce los límites de sus actuaciones como gobernante. Esta obcecado con ese proceso, porque sabe que solo a través de él y de la forma fraudulenta de imponer la constituyente comunal garantiza seguir en el poder.
El 80 por ciento de la población no lo quiere ya como primer mandatario nacional. E igualmente, está en desacuerdo con la elección de constituyentes para redactar una nueva carta magna que consagre el comunismo como forma de gobierno, elimine la propiedad privada y el voto universal y secreto e imponga las elecciones de tercer grado para escoger a quienes ocupen los cargos públicos. Ese porcentaje no acepta una nueva Carta Magna redactada por una Asamblea Nacional Constituyente Comunal, porque está seguro de que acabara con la democracia y las libertades públicas, así como con los deberes y derechos estipulados en la Carta Fundamental de 1999 para imponer la fuerza y los atropellos como forma de dirigir el nuevo Estado comunista, soportado por la violencia desmedida aplicada por esos mismos militares y paramilitares que hoy silencian los cacerolazos y los gritos ansiosos de libertad de miles de venezolanos, en señal de rechazo a un gobierno que perdió el control de su gestión. No desean que conviertan a Venezuela en un país comunista, porque sería morir a los sueños y despertar diariamente, como pasa hoy, con el desasosiego que produce el acoso y la una brutal represión dirimida mediante el rugir de las tanquetas y la voracidad del agua, lanzada en fuertes chorros para estropear el andar de los manifestantes y hacer retroceder la marcha que le indica al tirano que del lado opositor son más y que los escuálidos pasaron a ser ellos por su ineficaz gestión de gobierno.
Lo que se busca con esa Asamblea Nacional Constituyente es enterrar la democracia participativa e imponer el modelo castro comunista que ya, al parecer, desaparecerá en Cuba porque las exigencias de Donald Trump es democracia y elecciones libres para poder ayudarles económicamente, mediante el uso desmedido y feroz de bombas lacrimógenas lanzadas con alevosía, no sólo para asfixiar con sus gases a los detractores de Nicolás Maduro y su gobierno, sino para golpear la humanidad del protestante garantizar su baja y demostrar al opositor quien tiene el poder y la fuerza. Los perdigones, las balas, las metras u otros objetos aptos para explotar el corazón, los ojos, el cráneo, la cara u otro órgano humano, son las salvajes técnicas usadas hoy por las fuerzas represoras del Estado para que los opositores abandonen las calles y se encierren en sus casas y acepten como títeres todas las arbitrariedades dictadas por este gobierno que atropella y mancilla las libertades de la sociedad. Igual, que en este momento usará sus garras feroces, vestidas de verde oliva o de azul petróleo para aniquilar al disidente, en caso de que se concrete la Asamblea Nacional Constituyente Comunal. El robo inescrupuloso de los agentes de “seguridad” o esbirros a los manifestantes, los allanamientos ilegales sin orden judicial a residencias, además de la irrupción abrupta a conjuntos residenciales, la destrucción vehemente de vehículos, rejas, puertas y otras pertenencias de los particulares que supuestamente protestan en contra de Nicolás Maduro, más el maltrato cruel, brutal y mortal hacia los animales y el terror causado tanto a ancianos, como a niños, conforma el coctel sadomasoquista otorgado a los vecinos de las distintos municipios del país por los represores, mandados por los trisoleados y cuatrisoleados, los cuales, a su vez, obedecen la visceral orden de quien desde el palacio de Miraflores ordena con vehemencia y tirantez acabar con los terroristas que alborotan las calles en su contra. No obstante, defiende por y para siempre a los integrantes de las FARC, catalogados mundialmente como terroristas. Contrariedad o ignorancia con el significado de palabras?
Es un ensañamiento brutal contra quienes disienten la gestión madurista para silenciarlos y evitar que en el ámbito internacional se conozca la vejación, el atropello y la violación de los derechos humanos a las cuales son sometidos día a día los venezolanos opositores por quienes defienden la revolución bolivariana, su corruptela a la hora de manejar el dinero público y de nombrar a los altos funcionarios de otros poderes que no son elegidos por el voto popular, como los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, los rectores o rectoras del Consejo Nacional Electoral, así como a los pertenecientes al Poder Moral, como el Contralor General de la República, el Defensor del Pueblo y el fiscal o la fiscal General de la República, los cuales sólo tienen por requisito para ser seleccionados obedecer a las órdenes de los máximos jefes del Partido Socialista Unido de Venezuela y no a los mandatos constitucionales, porque de lo contrario son catalogados como traidores, como actualmente se le acusa a Luisa Ortega Díaz, por actuar según lo consagrado en las leyes de la República.
