Multa récord a operador de pozos petroleros
Las autoridades de Nueva York impusieron una multa récord de 2 millones de dólares. Foto: Cortesía Reuters

Las autoridades de Nueva York impusieron este miércoles una multa récord de 2 millones de dólares a un operador de cientos de pozos petroleros, que durante una década violó las regulaciones ambientales al no taparlos y puso en riesgo el agua potable y el aire de las comunidades cercanas.

La fiscal general, Letitia James, y la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunciaron en un comunicado esa multa, resultado de su demanda en el Tribunal Supremo del estado contra James R. Lee, a quien acusaron de ganar al menos un millón de dólares gracias al incumplimiento de las normas en unos 400 pozos.

Lee, que controlaba u operaba los pozos petroleros al oeste del estado a través de varias empresas, ignoró repetidamente las llamadas de las autoridades para que tapara esas instalaciones, como exige la legislación, lo que en algunos casos provocó la contaminación con petróleo de las aguas de alrededor, según la nota.

Además del riesgo para el agua, esos pozos pueden emitir metano, un potente gas de efecto invernadero que contribuye al cambio climático, agrega.

Multa récord a operador de pozos petroleros

Tras la demanda de las autoridades para forzar a Lee a tapar las instalaciones y pagar una multa por las violaciones, el tribunal consideró probado que el acusado se lucró del incumplimiento de las normas y por eso le ha impuesto el monto más alto hasta la fecha para un caso relacionado con pozos petroleros y de gas.

Lee supuestamente ha alegado que no tiene dinero para pagar la obturación de los pozos, pero el estado ha detallado su intención de «recuperar los activos» en propiedad del acusado «que puedan ser usados para cumplir las obligaciones impuestas por la decisión judicial».

El fallo establece un precedente que podría ser utilizado para obligar a los propietarios de pozos sin tapar a que cumplan con las regulaciones ambientales, según destacaron y aplaudieron la fiscal, la gobernadora y los responsables del departamento estatal de conservación ambiental.




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