A woman and children place a Nicaraguan, a Vatican and a black flag on a barricade at Monimbo neighbourhood in Masaya, Nicaragua, on July 11, 2018. The known death toll from a four-month crackdown on anti-government protests in Nicaragua has risen to 264, the Inter-American Commission on Human Rights said Wednesday. / AFP PHOTO / MARVIN RECINOS

Una organización de derechos humanos de Nicaragua exigió este miércoles al ejército investigar denuncias de uso de armas de guerra de alto calibre por parte de las fuerzas progubernamentales para reprimir las protestas, que dejan unos 260 muertos.

Existen evidencias por denuncias de la ciudadanía de utilización de armas de guerra de alto calibre y granadas de demolición de uso exclusivo del ejército en las ciudades de La Trinidad, León, Sutiaba y Carazo, afirmó el secretario de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), Alvaro Leiva, en rueda de prensa.

Según Leiva, en las operaciones efectuadas los últimos días en estas ciudades se evidenció el uso de lanzagranadas RPG7 y ametralladora 30. “Queremos expresarle al ejército que si realmente tiene bajo su control el inventario de armas de alto calibre que abra un proceso de auditoría e investigación para delimitar responsabilidad”.

El ejército aseguró el martes en un comunicado que tiene “control absoluto” de su arsenal y negó cualquier involucramiento en la represión a los manifestantes. “Rechazamos el montaje de actos donde nunca hemos estado, las falsas informaciones e imágenes manipuladas que tienen como objetivo hacer creer el involucramiento de personal y armamento del Ejército de Nicaragua en actividades de orden público”.

Hay que descubrir quiénes son realmente los que están utilizando estas armas de alto calibre de guerra que solo el ejército puede tener, dijo Leiva.

“Tenemos evidencias que el tipo de armas que están utilizando solo la maneja el ejército”, coincidió el director de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Marcos Carmona, al canal 100% Noticias.

El director jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), Gonzalo Carrión denunció, por su parte, que la mayoría de esos escuadrones de la muerte (paramilitares) portan fusiles de guerra.

Leiva denunció además la existencia de fosas comunes en Carazo (suroeste), donde el domingo hubo un fuerte ataque gubernamental, para esconder cadáveres de ciudadanos asesinados.

Según la ANPDH, los enfrentamientos entre las fuerzas del gobierno y los manifestantes han dejado 351 muertos desde el inicio de las protestas el 18 de abril, de los cuales 306 son civiles, 20 paramilitares, 16 policías y un militar.

La mayoría de las víctimas son hombres de 18 a 30 años, mientras que 27 son niños y adolescentes menores de 17 años, según el informe.

El Cenidh registra 258 muertos, de los cuales 24 fallecieron el domingo durante la incursión gubernamental en Carazo. “Es algo terrible, fue una masacre, esto no tiene nombre, es un endurecimiento del crimen de manera bárbara”, dijo a la AFP la presidenta del Cenidh, Vilma Núñez.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reportó este miércoles 264 muertos en las protestas en Nicaragua.




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