El informe fue presentado por mandato del Consejo de Seguridad de la ONU. (Cortesía)
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 La ONU identificó 620 casos de graves violaciones de derechos entre 2003 y finales de 2015 en la República Centroafricana que pueden constituir crímenes de guerra y contra la humanidad y fueron cometidos sobre todo por las fuerzas de seguridad y de defensa, los exrebeldes Séléka y la milicia anti-Balaka.

En un informe publicado hoy por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACDH) y la misión de la ONU en la República Centroafricana (MINUSCA), el organismo multilateral da cuenta de la quema de aldeas enteras en ataques de represalias, y de abusos en grupo de mujeres y niños tan jóvenes como cinco años.

El documento también detalla asesinatos extrajudiciales, muertes por graves torturas o maltratos en centros de detención, grave violencia contra personas por su religión, etnia o por presuntamente haber apoyado a grupos armados y el reclutamiento de miles de niños.

El informe, presentado por mandato del Consejo de Seguridad de la ONU, igualmente describe ataques a trabajadores humanitarios y cascos azules, entre otras graves violaciones de derechos humanos.

La República Centroafricana vive un complicado proceso de transición desde que, en 2013, los exrebeldes Séléka derrocaran al presidente François Bozizé, desatando una ola de violencia sectaria entre musulmanes y cristianos que causó miles de muertos y ha obligado a cerca de un millón de personas a abandonar sus hogares.

La elección de Faustin Archange Touadéra como nuevo presidente en febrero de 2016 debía abrir una nueva etapa para el país, que sin embargo todavía tiene muchos problemas para controlar a los grupos rebeldes en zonas alejadas de la capital.

En el informe el organismo afirma que el Gobierno “cometió graves violaciones de derechos civiles, políticos, económicos y sociales, tanto a través de acciones directas como por su fracaso a la hora de prevenir que terceras partes las cometieran”.

La ONU no se atreve sin embargo a calificar de genocidio los ataques de los Séléka contra cristianos y animistas (creencia en la existencia de espíritus que animan todas las cosas) y los de los anti-Bakala contra musulmanes y la etnia Fulani, pero identifica hechos que “podrían merecer investigaciones adicionales para determinar si cumplen las características de este tipo de crímenes”.

Los Séléka fueron una alianza de varios movimientos rebeldes que fue creada en diciembre de 2012, en tanto que los anti-Bakala surgieron como grupos armados de resistencia.

“Estamos hablando de gente que cometió algunas de las violaciones más abominables”, señaló el vicesecretario general de la ONU para Derechos Humanos, Andrew Gilmour, de visita en el país.

Para que se haga justicia, la ONU recomienda pasos inmediatos para iniciar los procesos de la justicia transicional, incluyendo el desarrollo de un enfoque nacional para el escrutinio en materia de derechos humanos de miembros de las fuerzas de seguridad y defensa.

También aboga por una estrategia de acusación para la Corte Criminal Especial ante la magnitud de los crímenes cometidos y la imposibilidad de procesar a todos los autores, y por la necesidad de crear una comisión de verdad y reconciliación.

El informe de la OACDH y de MINSUCA describe las violaciones de derechos humanos cometidos en los últimos meses del régimen del presidente Ange-Félix Patassé y el ascenso al poder del general François Bozizé en 2003, hasta su elección como presidente en 2005.

La ONU identificó 32 “incidentes”, marcadas por el conflicto entre fuerzas leales a Patassé y a Bozizé.

La etapa en la que varios grupos armados lanzaron insurrecciones con el fin de derrocar a Bozizé tras su elección estuvo marcada por “amplios” abusos en unos 69 casos.

En los intentos de acabar con las rebeliones con negociaciones y acuerdos de paz, periodo que acabó con la toma de poder de los Séléka, la ONU halló 158 abusos.

Verificó además otros 361 casos en la última etapa analizada, cuando se produjo una nueva espiral de violencia, caracterizada por violaciones cometidas durante el régimen de los Séléka y las represalias por la milicia anti-Balaka.

Este documento refleja en ese periodo los abusos cometidos tras la salida del poder de quien fuera líder de los Séléka Michel Djotodia del poder en 2014 cuando se creó un Gobierno de transición.




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