La magistrada de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Marisela Godoy, hizo suyas las palabras de su colega Danilo Mojica Monsalvo, que este martes manifestó su desacuerdo con la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente hecha por el jefe de Estado, Nicolás Maduro.
«Una Constituyente en esos términos, donde no existe la representación de empoderamiento del venezolano no nos va a representar y lo que va a traer como consecuencia es más sangre, más horror, no vamos a poder resolver nuestros problemas», dijo Godoy a la emisora privada Unión Radio.
La magistrada señaló que también hace suyas las palabras de la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, que el viernes pasado señaló que cambiar la Carta Magna a través de una Constituyente como ha propuesto el presidente «aceleraría la crisis» en el país.
Godoy dijo que Maduro ha propuesto que se elijan 540 corredactores de la Constitución en las próximas semanas y que muchos venezolanos, incluyéndola, no han sido consultados para saber si están de acuerdo con ese proceso.
«Cualquier persona que se levante, cualquier ciudadano, tenga la edad que tenga, que se levante para que sostengamos el legado de mi papá, de mi familia, que es la democracia, bienvenido sea», dijo.
La declaración de Godoy se conoció horas después de que el magistrado Mojica, de la Sala de Casación Social, expresara su desacuerdo con la convocatoria a una Constituyente en una carta enviada a Maduro a la que Efe tuvo acceso y en la que pide al presidente «un espíritu republicano y de apego constitucional».
El pasado 1 de abril inició en Venezuela una ola de protestas antigubernamentales, después de que el Supremo asumiera funciones del Parlamento, lo que fue visto por la oposición como un «golpe de Estado» y ponderado por la fiscal general como una «ruptura del hilo constitucional».
La escalada de tensión recrudeció con la convocatoria de la Constituyente, lo que ha animado las protestas en el país, algunas de las cuales se han tornado violentas y han dejado 53 fallecidos, según cifras de la Fiscalía, mientras el Gobierno sitúa en 60 el dato de muertos.
