El Gobierno de Panamá llamó a consultas a su embajador en Nicaragua ante la violación «flagrante y reiterada» del derecho internacional por parte de la representación diplomática nicaragüense al permitir al expresidente panameño Ricardo Martinelli, asilado allí, desplegar acciones político-partidistas.
«La República de Panamá se siente verdaderamente afectada en su integridad territorial por la actitud permisiva de la República de Nicaragua que viola flagrantemente y de manera reiterada normas fundamentales del derecho internacional», expresó la Cancillería panameña este lunes en un comunicado.
Martinelli se asiló en la Embajada de Nicaragua en Panamá el pasado 7 de febrero. Fue después de que quedó en firme la sentencia en su contra a más de 10 años de cárcel por blanqueo. Por esta condena quedó inhabilitado para competir con el partido Realizando Metas (RM) por la presidencia en los comicios del próximo 5 de mayo.
El Tribunal Electoral designó mediante una resolución al compañero de fórmula de Martinelli, José Raúl Mulino, como candidato presidencial de RM en sustitución del expresidente. Pero le prohibió al expresidente participar en la campaña política, cosa que no ha ocurrido.
La Cancillería de Panamá recordó que mediante notas emitidas el 9 de febrero, el 27 de febrero y el 18 de marzo pasado expresó y reiteró su más enérgica protesta ante Nicaragua «al permitir que, al amparo de una supuesta protección, que es ilegal de conformidad con el derecho internacional, el señor Ricardo Alberto Martinelli Berrocal ha mantenido y desplegado acciones desde su sede diplomática en Panamá, con fines político-partidista».
«La República de Panamá tiene a bien informar a la República de Nicaragua, su decisión de llamar a consultas al embajador panameño, a partir de la fecha de recepción de la presente comunicación».
Panamá exige el cumplimiento del derecho internacional
Panamá «exige a la República de Nicaragua, el cumplimiento de sus obligaciones internacionales», agrega la nota de la Cancillería panameña, que está fechada este 22 de abril.
Martinelli, de 72 años y quien se dice un perseguido político, ha agradecido a Nicaragua su «noble y desinteresado gesto» de brindarle asilo, mientras que el Gobierno de Managua ha acusado al de Panamá de violar las convenciones sobre asilo al «no reconocer» el concedido al expresidente y negarle el respectivo salvoconducto para viajar.
Panamá denegó el pasado 9 de febrero la solicitud de salvoconducto para la salida de su territorio de Martinelli con base «a lo que dispone el Artículo 1 de la Convención sobre Asilo de 1928 y de la Convención sobre Asilo Político de 1933».
Analistas locales han explicado que Martinelli fue sentenciado por un delito común, por lo que no se aplica a su caso el asilo político.
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