Es una tremenda paradoja que mientras en Venezuela se suman cada día más personas al padecimiento del hambre por la imposibilidad de comprar comida o se multipliques los grupos de hambrientos que custodian los desechos ubicados frente a restaurantes y hasta usan la violencia para garantizar su “disfrute”, en bancos de Suiza, altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro, muy identificados con el Partido Socialista Unido de Venezuela, tengan depositados millones de euros, muy difíciles de comprar con los sueldos que ganan como trabajadores del Estado, pese a que ocupen cargos de confianza y de remoción.
Es imperdonable que mientras el 84 por ciento de los habitantes venezolanos sea pobre y que el 60 por ciento de la población infantil se encuentre desnutrida, un pequeño grupo de hombres y mujeres que dirigen al país tengan cuentas en divisas extranjeras en otras naciones sin ninguna de las dificultades sufridas por cada venezolano que en otrora pretendía accesar a los 3 mil dólares que anualmente le asignaba el gobierno a través de CADIVI, Cencoex y Dicom, siempre y cuando viajara al extranjero. Un total vía crucis pasaba todo aquel morador de esta nación que decidía acceder a esos 3 mil dólares viajeros que las autoridades venezolanas le asignaban como por no dejar, aunque por lógica les tendría que corresponder legalmente un porcentaje de las ganancias por la venta de hidrocarburo, sin necesidad de tanta humillación y colas para que fuese aprobado su requerimiento, por el simple hecho de haber nacido, crecido y desarrollado en un país productor y negociador de petróleo.
Al igual como ocurre en Dubái con sus pobladores, cada venezolano debería tener derecho al producto per capita proveniente de la renta petrolera, en aras de tener garantizada su bienestar y, por ende, su calidad de vida, la cual debería ser muy alta si los gobernantes de turno impidieran la corrupción en su gestión y no le permitieran a sus altos personeros el desvío de recursos económicos a su favor, como los 300 mil millones de dólares desaparecidos en Petróleos de Venezuela durante la administración de Rafael Ramírez, así como la pérdida de otros tantos millones de dólares por medio de las empresas fantasmas creadas por gente del gobierno o cercanas a ellos para poder consumir los dólares preferenciales y hacer negocios turbios que le proporcionaron grandes ganancias a fuerza de la ruina de Venezuela y de los venezolanos.
Una ruina que de acuerdo con el pronunciamiento del constituyentista Diosdado Cabello es un hecho real. Él asevero recientemente que en el gobierno de Nicolás Maduro “estamos quebrados”. Por lo tanto, no están en capacidad de financiar nada ni las supuestas acciones que según Antonio Ledezma estaban pagando para perturbar la estabilidad de la gestión del ex presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski, quien renunció a su cargo por haber aceptado soborno de la empresa Odebrecht y el chantaje a congresistas peruanos para que no lo dimitieran desde el primer momento en que se comprobó sus vínculos malsanos con esa constructora brasileña.
El vicepresidente del PSUV asegura que el gobierno de Nicolás Maduro está quebrado. Una afirmación que puede ser totalmente fidedigna, porque seguro el saldo de la tesorería nacional debe estar en rojo ante el gran costo económico que implica hacer cadenas continuas de radio y televisión, así como la práctica del populismo para mantenerse en el poder y esas, precisamente, son las metodologías usadas por el Jefe del Estado para gobernar y mostrarle al mundo entero su capacidad de administrar un país, donde sólo cuenta con el 17 por ciento de aceptación y no quieren su reelección. No obstante, su afán por el poder es tan grande que es capaz de prometer y prometer cosas que jamás puede cumplir.
Lo ideal sería que Maduro, al igual que Pedro Pablo Kuczynski renunciara como Primer Mandatario Nacional y se sometiera a la justicia, por cuanto él al igual que el ex presidente peruano, también recibió soborno de Obedrecht. Cuando era candidato a la presidencia en 2013, Maduro le exigió 50 millones de dólares a Odebrecht para que pudieran seguir disfrutando de los jugosos negocios tenidos en el país, pero sólo recibió 35 millones de dólares por parte de Euzenando Azevedo, jefe de operaciones de la empresa en Venezuela, porque no le tenía plena confianza al entonces aspirante a la silla de Miraflores. Esa es otra paradoja de la gente de este gobierno, especialista en criticar los pecados de otros dirigentes, cuando ellos también están embarrados con la corrupción. Quien tiene rabo de paja no se acerca a la candela, porque seguro se quema.
Pero esa verdad no es precisamente la sufrida por él y otros seis compañeros del gobierno y partido, pues fue a él, como al ministro del Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol y al director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, Sebim, Gustavo Enrique González López, además de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, el ex comandante de la Guardia Nacional Bolivariana, Antonio Benavides Torres, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel José Moreno Pérez y al fiscal general de la República nombrado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab Halabi, a quienes el Consejo Federal de Gobierno de Suiza congeló sus bienes y activos, al tiempo que les prohibió la entrada y tránsito por esa nación, cuyo gobierno advirtió que pese a no pertenecer a la Unión Europea se alinea a sus reglas, relacionadas con las sanciones a estos mismos siete funcionarios, dictadas el 22 de enero de 2018, por sovocar la democracia y los derechos humanos en Venezuela con su nefasto accionar en los distintos cargos que ocupan.
Esas sanciones dejan al descubierto, como quienes han dirigido los distintos poderes del país desde el mandato de Chávez hasta hoy han usufructuado los recursos económicos de la nación para beneficio personal y a escondidas y sin ningún pudor, temor ni plurito mental, sicológico ni espiritual los colocaron como propias y bien ganados en distintos bancos de Europa y los Estados Unidos sin importar las consecuencias nefastas y mortales que ese accionar ilegal ocasionaría a los venezolanos y a Venezuela como país, donde es visible su total ruina y el empobrecimiento general de la población, la cual ya no puede comer tres veces al día y, menos, alimentarse con una dieta balanceada. Realidad que les ha producido pérdida de peso involuntario y una serie de enfermedades por debilitamiento y falta de proteínas, vitaminas y minerales. Patologías que tampoco pueden tratar por la carencia o altos precios de las medicinas importadas que actualmente se consiguen en las farmacias.
Las desgracias, penurias y penas obligadas a pasar a los venezolanos en la era del Socialismo del Siglo XXI son totalmente contradictorias con la arenga oficialista de vender a ese sistema de gobierno como la panacea para acabar con la pobreza en el país, cuando es un fabricante de pobres al ciento por uno, así como un generador de corrupción y negocios turbios que han oscurecido el presente y el futuro de los venezolanos y cuya luz no se vislumbra a corto plazo, debido a las perversidades e inconstitucionalidades e ilegalidades que se tejen en el gobierno para continuar en el poder. Tantas horas aciagas y un sinfín de adversidades vividas en el día a día por los habitantes de esta nación por la total destrucción que han logrado los revolucionarios durante sus 20 años de mandato, son contrarias con la verborrea gubernamental de mostrar los avances tenidos en el país con el Socialismo del Siglo XXI.
