Las condiciones en las que se encuentran los privados de libertad en Venezuela siguen siendo preocupantes. Solo en los centros de detención preventiva (CDP), donde de acuerdo a la legislación venezolana las personas no pueden permanecer más de 48 horas, fallecieron al menos 123 presos durante 2021. Así lo alertó este miércoles 9 de marzo la ONG Una Ventana a la Libertad, mediante la presentación de su informe anual.
De 302 centros analizados por Una Ventana a la Libertad, 237 (78,47 %) ubicados en 16 estados del país registraron sobrepoblación al cierre de diciembre del año pasado, a pesar de que el 21 de junio Nicolás Maduro ordenó la creación de la denominada Comisión para la Revolución Judicial, la cual tenía entre sus principales tareas lograr en 60 días la eliminación del hacinamiento y el avance en el retardo procesal en el país.
Cuatro meses después de haber transcurrido los 60 días en los que la comisión presidencial debió erradicar el hacinamiento, todavía quedaban 16 mil 595 reclusos en CDP, distribuidos en espacios que tienen capacidad para albergar a 10 mil 310 personas por lapsos de 48 horas. Estas cifras demuestran un hacinamiento de 161%, detalló Magaly Huggins, coordinadora de investigación de Una Ventana a la Libertad.
Según el informe, el peor escenario se evidenció en el estado La Guaira. Allí la ONG cubrió ocho CDP, los cuales sumaban 328 detenidos, entre hombres y mujeres, aunque su capacidad total era de apenas 22 cupos. Esto implica un hacinamiento de 1.490 %. Le sigue Aragua como la segunda entidad con mayor sobrepoblación en calabozos policiales, con 353 %. Las demás posiciones las ocupan Anzoátegui, 328 %; Zulia, 256 % y Distrito Capital, 215 %.
En cuanto a la infraestructura, solo 95 (31,56 %) de estas sedes policiales con calabozos dijeron tener condiciones aceptables. Apenas 112 cuentan con pocetas y duchas, y en 215 el agua es suministrada por la familia de los reclusos. “Sin agua permanente y con basura dentro y fuera de las celdas, la situación sanitaria se torna muy delicada, porque son muy altos los riesgos de enfermedad”, señaló Huggins.
Enfermedades, principal causa de muerte
La principal causa de muerte fueron las enfermedades. Hacinados, mal alimentados, en una situación sanitaria repugnante y en espacios mínimos para la convivencia y sin ventilación, se facilita el tránsito de patologías infecto contagiosas entre los presos. Esto sucede en el 66,56 % de los CDP monitoreados y se refleja en las 95 muertes por complicaciones de salud, que representan el 77,24 % del total de 123 fallecidos en 2021.
La ONG contabilizó que había alrededor de cuatro mil 359 reclusos enfermos con diferentes patologías, como escabiosis, gripe, desnutrición, enfermedades respiratorias, síntomas de fiebre y tuberculosis. Unos mil 297 presentaban gripe y fiebre al mismo tiempo, que suelen ser frecuentes síntomas de la COVID-19.
En medio de ese panorama, solo 13 de los CDP monitoreados disponen de personal médico interno y ocho tienen personal de enfermería. Además, en el 95,70 % de los casos, los medicamentos que necesitaban las personas detenidas en estos espacios transitorios de prisión fueron provistos por los familiares.
La segunda causa de muerte durante el año anterior se ve reflejada en 15 casos de personas que perdieron la vida en procedimientos policiales realizados para recapturar a privados de libertad fugados, mientras que cinco reclusos murieron en riñas, cuatro en motines, tres fallecieron por ser víctimas de abusos de funcionarios y, finalmente, se confirmó que un interno se suicidó.
Pocos logros de la comisión presidencial
Para Huggins los avances de la comisión presidencial fueron escasos, ya que únicamente se redujo el hacinamiento en 10 mil 600 personas aproximadamente: ocho mil 672 liberadas y mil 928 trasladadas a los centros penitenciarios. También fueron otorgados 76 beneficios procesales, 15 traslados a tribunales y 30 reclusos cambiados a otros CDP. Nadie más que los liberados y trasladados pueden celebrar los logros de esta comisión, remató la investigadora.
Apenas siete de 23 estados lograron reducir la sobrepoblación en los CDP hasta diciembre pasado: Apure, Cojedes, Delta Amacuro, Mérida, Táchira, Trujillo y Carabobo. En esta última entidad fueron evaluados 14 centros, en los que se encontró una ocupación de 432 cupos, del total de 440 disponibles, lo que implica apenas ocho plazas liberadas.
La investigación de Una Ventana a la Libertad concluye que las acciones del Estado venezolano para combatir el complejo problema del hacinamiento en los CDP han sido improvisadas a lo largo de los años y las ejecutadas por la comisión presidencial no fueron la excepción, porque “tampoco pudo lograr resolverlo, como era de esperarse, en seis meses (de junio a diciembre) y menos aún en los 60 días en los cuales debía hacerlo”.
A juicio de Carlos Nieto Palma, coordinador general de la organización, la creación de la Comisión para la Revolución Judicial fue una buena iniciativa porque, implícitamente, representa una inédita admisión por parte del gobierno del mal manejo del sistema judicial y penitenciario que ha venido desarrollando en las últimas dos décadas. Pero, agregó, su ejecución fue deficiente al no contar con la participación de actores capacitados en el tema.
Una Ventana a la Libertad reiteró que es fundamental resolver el hacinamiento, porque tiene una grave incidencia en las condiciones de salud de los detenidos y, aunque no lo parezca, sobre la salud del personal que trabaja en estos recintos. “No es casualidad que las enfermedades constituyan la primera causa de muerte durante el año 2021”, sostuvo la organización.
