Familiares, abogados y representantes de organizaciones sociales de El Salvador pidieron este viernes al ente de derechos humanos que se verifiquen las condiciones físicas y de salud de seis líderes comunitarios y exguerrilleros detenidos y acusados de asesinar a una mujer en 1989, en el contexto del conflicto armado interno (1980-1992).
La solicitud fue entregada en la sede central de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) en San Salvador y, según dijo a periodistas Alfredo Leiva de la comunidad de donde son originarios los detenidos, la misma fue recibida.
Leiva explicó que se pidió a la PDDH que se «verifique el estado de los compañeros, tanto de salud como en las condiciones físicas en las que se encuentran».
Señaló que recibieron «una buena energía (de parte de la Procuraduría) para poder colaborarnos» e indicó que la institución «se ha comprometido a verificar el estado (de los detenidos) y verificar que se lleve el debido proceso» en la causa penal que enfrentan.
Líderes comunitarios presos
Los señalados, en total ocho, pero solo seis detenidos y residentes de la central comunidad de Santa Marta, son procesados por los delitos de asesinato, privación de libertad y agrupaciones ilícitas.
Los procesados son Miguel Gámez, Alejandro Laínez, Pedro Rivas, Teodoro Pachecho, Saúl Rivas y Fidel Recinos. Además, es señalado el excomandante guerrillero y «uno de los firmantes de los Acuerdos de Paz» de 1992 Eduardo Sancho Castaneda, con seudónimo de guerra Fermán Cienfuegos.
La Fiscalía sostiene que, el 22 de agosto de 1989, estas personas supuestamente «irrumpieron en la vivienda» de María Inés Alvarenga para trasladarla a un campamento guerrillero «donde la torturaron y la asesinaron».
La comunidad Santa Marta fue uno de los lugares más golpeados durante el conflicto armado interno y sus habitantes han pedido en reiteradas ocasiones justicia ante los casos de violaciones de derechos humanos.
Líderes comunitarios de dicha ciudad fueron los pioneros de una ley contra la minería, aprobada en marzo de 2017 por el Congreso y prohíbe la exploración, extracción, explotación y procesamiento, ya sea a cielo abierto o subterráneo en el país.
