El director de la oficia en Chile de Amnistía Internacional (AI), Rodrigo Bustos, afirmó a EFE que la administración del conservador Sebastián Piñera dejó un «legado sombrío en materia de derechos humanos», una idea que articula el informe anual publicado este martes por la organización.
La ONG lanzó desde su sede en Londres su reporte sobre el panorama mundial y en el capítulo de Chile destacó «no hay avances en materia de derechos humanos, justicia y reparación» desde la crisis social de 2019, la más grave desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y el mayor batacazo del Gobierno de Piñera, que dejó el cargo el pasado marzo.
Instituciones como la Policía, el Ejército y el Ministerio Público, que dependían del anterior gobierno (…), cometieron graves violaciones de derechos humanos y la administración no priorizó ni entregó todos los recursos que se requerían ante tan grave crisis, dijo Bustos.
El escenario, indicó, es «de mucha impunidad» más de dos años después de esa ola de masivas manifestaciones por la igualdad, que dejaron una treintena de fallecidos, miles de heridos y señalamientos hacia las fuerzas de seguridad por violencia policial.
Por eso hemos dicho que tenemos un legado sombrío en materia de derechos humanos de la Administración de Piñera, y ahora las nuevas autoridades que han asumido en el Gobierno y en el Congreso tienen la obligación de avanzar en saldar esas deudas, dijo.
Bustos pone el foco sobre el Poder Judicial y lamenta que de las 10.796 denuncias interpuestas por violencia policial en el contexto de esa crisis solo nueve hayan desembocado en sentencias condenatorias, con acusaciones de «golpizas, tortura, homicidios, violencia sexual y mutilaciones oculares».
Reforma del cuerpo de carabineros
El director en Chile de AI destacó que durante la Administración de Piñera las violaciones a los derechos humanos fueron «graves y generalizadas», pero detalló que durante las dos semanas del nuevo Gobierno del izquierdista Gabriel Boric, también «se han encontrado casos y denuncias» de este tipo.
Es por eso que hoy día instamos a las autoridades a avanzar urgentemente en una profunda reforma a Carabineros (policía militarizada), expresó.
El activista se refirió al episodio del pasado viernes, cuando un estudiante resultó herido por un disparo atribuido a la Policía durante la primera gran marcha de reivindicación universitaria desde que asumió Boric, quien exigió a la institución abrir una investigación.
La portavoz de Gobierno, Camila Vallejo, aseguró tras la agresión que la reforma policial será uno de los «grandes desafíos» del mandato y afirmó que «nada justifica que se utilice un arma en contra de una persona, y menos alguien que está en su legítimo derecho a manifestarse».
Manifestantes detenidos
Además de denunciar impunidad y lentitud en las investigaciones, el informe alerta sobre la situación de algunos de los manifestantes que fueron detenidos durante las revueltas, que también dejaron numerosos desmanes, incendios, saqueos o destrucción de mobiliario público.
Algunos, indica, permanecieron en «detención preventiva durante aproximadamente un año y después fueron absueltos, o el caso se archivó por falta de pruebas».
A esto se suma que muchos fueron apresados aplicándose la Ley de Seguridad Interior del Estado, detalló Bustos, «muy cuestionable desde una perspectiva de derechos humanos porque tiene algunos tipos penales que son muy abstractos y que en definitiva implica una persecución política».
Desde la organización recomiendan «revisar caso a caso» y que avance la tramitación de un polémico proyecto de ley que discute el Parlamento que busca otorgar un indulto a quienes fueron imputados por delitos en el marco de las manifestaciones, o que todavía están esperando a ser procesados.
«Criminalización» de las demandas indígenas
Bustos también destacó la situación que vive el sur del país, una zona donde existe un enconado y violento conflicto entre el Estado, algunas empresas forestales y agrícolas, y grupos de indígenas mapuches que reclaman la devolución de tierras que consideran propias.
Por muchos años hemos planteado nuestra preocupación y condena a la criminalización de la protesta en las regiones del sur (…) El Estado está en deuda por el no reconocimiento constitucional (de los indígenas) y por la no entrega de tierras ancestrales, manifestó.
«Creemos que el camino adecuado no es la criminalización -concluyó- y es muy interesante que se pueda abrir un camino de diálogo donde se converse con todos quienes han sufrido en la región».
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