El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, reitera su rechazo a cualquier mediación en crisis catalana y este miércoles requirió al líder catalán Carles Puigdemont que aclare oficialmente si hubo declaración unilateral de independencia, el primer paso para una eventual suspensión de la autonomía de Cataluña, según estipula la ley.
El ejecutivo central acordó «requerir formalmente al gobierno de la Generalitat para que confirme si ha declarado la independencia», dijo Rajoy ante la prensa.
El líder conservador explicó que ese requerimiento es «previo a cualquiera de las medidas que el gobierno puede adoptar al amparo del Artículo 155» de la Constitución, que le da potestad para suspender la autonomía.
Rajoy, que hablará esta tarde ante el Congreso de los Diputados, no aclaró el plazo que otorgaba a Puigdemont para responder al requerimiento, que podría desembocar en una suspensión temporal de la autonomía de Cataluña, restaurada tras la dictadura de Francisco Franco (1939-1975).
Además, Madrid ha recibido en las últimas horas el apoyo de los gobiernos de Italia, Francia, Alemania, México y Colombia.
El martes, en el parlamento regional, el presidente catalán Carles Puigdemont dejó en suspenso una declaración de independencia sin llegar a formularla explícitamente, creando una gran confusión.
El desconcierto fue aún mayor cuando, terminado el pleno, los 72 diputados independentistas firmaron una declaración de independencia en la que como «representantes de Cataluña» constituyen «la República catalana como Estado independiente y soberano».
El valor jurídico de este documento «es simbólico», aclaró este jueves el portavoz del ejecutivo catalán, Jordi Turull.
El Artículo 155, un arma nunca usada
España es un país muy descentralizado y la Constitución adoptada en 1978 confiere a sus 17 comunidades autónomas amplios poderes en materia de salud y educación, por ejemplo.
Pero incluye una disposición que permite al poder central intervenir directamente en los asuntos de una región en caso de crisis, el Artículo 155, que nunca se ha aplicado plenamente.
Este dice que, si una región «no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes (…), el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido (…) podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones».
En 1989, el entonces presidente socialista Felipe González no fue más allá del requerimiento al líder de las islas Canarias por un asunto de aranceles, que acabó solucionándose con negociaciones y sin suspensiones.
Si Rajoy decide ir más allá del requerimiento, necesitará el apoyo de la mayoría absoluta del Senado, y su Partido Popular dispone de ella.
Descontento en filas independentistas
La intervención de Puigdemont en el parlamento hizo pasar de la euforia a la decepción a los miles de independentistas que siguieron el discurso en pantallas gigantes por toda Cataluña.
«Asumo, al presentarles los resultados del referéndum ante todos ustedes, el mandato de que Cataluña se convierta en un Estado independiente», afirmó, para decir, acto seguido: «Con la misma solemnidad, el gobierno y yo mismo proponemos que el parlamento suspenda los efectos de la declaración» para facilitar el diálogo.
Desde la consulta del 1 de octubre, el ejecutivo catalán ha recibido una fuerte presión tanto del gobierno español, como del empresariado, con el traslado de sede de numerosas.
Puertas adentro, los más radicales del arco parlamentario independentista (la formación de extrema izquierda CUP, cuyos 10 diputados regionales son vitales para el gobierno de Puigdemont) querían aprovechar este resultado para declarar unilateralmente la independencia.
