Sin acceso a visitas, paquetería o mensajería. Los al menos 65 presos políticos recluidos en Carabobo no han podido comunicarse con sus familiares ni abogados desde que inició la cuarentena por la pandemia de COVID-19 en el país, denunció el coordinador regional de la ONG Foro Penal, Luis Armando Betancourt.
“Ni siquiera nosotros hemos tenido comunicación con estos presos políticos”, dijo el abogado al resaltar que algunos están detenidos en el Centro de Formación del Hombre Nuevo “El Libertador”, ubicado en el sector de Tocuyito, municipio Libertador.
Desde mediados de marzo, además, solo despachan los tribunales de guardia en el Palacio de Justicia de Carabobo. Esto empeora el panorama, porque el retardo judicial preexistente es mayor ahora. “Nos encontramos ante una dificultad de acceso a la administración de justicia” debido a que los abogados no pueden ejercer las acciones de los privados de libertad.
Según el vocero de la organización, las audiencias de los casos están siendo diferidas, los expertos no asisten a declarar y los juicios son suspendidos. “Hacemos un llamado a que se restablezcan todas las situaciones jurídicas que hoy afectan a nuestros presos políticos y a las víctimas que el Foro Penal representa”.
Debido a la paralización de los tribunales quedaron en el aire casos como los del joven Daniel Queliz y el de Leonardo González, ambos asesinados por cuerpos de seguridad del Estado en circunstancias distintas durante las protestas antigubernamentales de 2017. Los familiares de las víctimas se encuentran sin obtener “justicia pronta, gratuita, expedita, rápida y eficaz como ordena la Constitución”.
A juicio de Betancourt, tanto el Gobierno nacional como el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) deberían garantizar a todos los ciudadanos que, en medio del confinamiento, se pueda acceder a la justicia mediante cualquier plataforma digital, con la institucionalización de un sistema de audiencias en línea que permitiría hacer frente al retardo judicial.
Recrudecimiento de la represión
El representante del Foro Penal en Carabobo advirtió que en el país se ha registrado un aumento de la represión por parte del Estado, luego de la entrada en vigencia del decreto de cuarentena y la agudización de las fallas de servicios básicos como el agua, la electricidad, el gas doméstico y la gasolina, que ha obligado a los venezolanos a manifestar su descontento.
“Estamos bien alarmados por el aumento de presos políticos”, afirmó. Hasta la fecha, la organización ha registrado alrededor de 451 casos de detenidos por razones políticas en Venezuela. Esta lista es certificada de forma periódica por la Organización de Estados Americanos (OEA).
El jurista condenó también la utilización del sistema penal venezolano en contra de la población para evitar que haya manifestaciones producto de la ausencia de los servicios. “Debe garantizarse que todas las personas puedan legítimamente manifestar y para eso solo se acepta la presencia policial, nunca para intimidar, reprimir ni acosar a la persona que está manifestando pacíficamente”.
