El Estado criminal convirtió ayer a Santa Elena de Uairén en la «cuna de la muerte», así lo denunció el ex parlamentario, abogado defensor DDHH y coordinador de la Asociación Civil Defensa por los Derechos Civiles, Rafael Narváez.
El resultado de la represión, el uso excesivo de la fuerza ejecutada por la FANB y los colectivos deja un saldo de 15 muertos y decenas de heridos, lo que constituye un verdadero ataque sistemático a una población civil y configuran crímenes de lesa humanidad establecidos en el Art. 7 del Estatuto de Roma suscrito y ratificados por el Estado Venezolano.
El día de ayer, el Estado decidió colocarse al lado de la muerte e ir en contra de la vida. Primero asesinó a Pemones que luchaban por sus derechos, para luego seguir reprimiendo y asesinando a ciudadanos en Santa Elena de Uairén que peleaban por una esperanza de ayuda humanitaria y así combatir el hambre, la falta de medicamentos que el Estado les ha negado.
La política represiva por parte del Estado sin alma y sin clemencia deja un saldo de 285 heridos, 55 detenidos y 15 asesinatos, vulnerando el derecho más sagrado del planeta como el derecho a la vida. No conforme con esta conducta criminal, procede a incendiar 3 gandolas cargadas de esperanzas y vida para millones de pacientes crónicos y ciudadanos que se consumen en la hambruna, cometiendo crímenes de lesa humanidad en la figura del delito de exterminio contemplado en el Art. 7 del Estatuto de Roma.
“La Corte Penal Internacional los espera, y no concede privilegios a los jefes de estados y militares de alto rango violadores de Derechos Humanos”, señaló el jurista.
NDP
