El abogado defensor de DDHH, Rafael Narváez, catalogó el «Si no Votas no comes» en referencia a las parlamentarias del 6D, de Diosdado Cabello, como una amenaza criminal contra una población hambrienta, sin servicios básicos, amenazada por la COVID-19, que además sufre otras problemáticas.
El también exparlamentario recordó la ley orgánica electoral, la cual establece que ninguna persona puede ser obligada o coaccionada bajo ningún pretexto en el ejercicio de su derecho al voto. Esto recalcado en la Constitución dictaminando que votar es un derecho, no un deber.
Para el coordinador por la Defensa de los Derechos Civiles, las elecciones del 6D, ya tiene un resultado decretado desde hace meses por el Ministerio de la Defensa y el coordinador del Plan República, Padrino López, al anunciar su proclama contra los derechos políticos de los electores manifestando que, mientras existan una FANB anti-imperialista y revolucionaria, más nunca la oposición será poder político en Venezuela.
Tenemos una Fuerzas Armadas impregnadas políticamente que utilizan su poder para limitar derechos políticos de los ciudadanos y crear temor en la población ejecutando una militarización en todo el país; esto, con la ayuda de los cuerpos de seguridad que están señalados en el informe por ser responsables de cometer crímenes de lesa humanidad consignado por la misión independiente de determinación de los hechos de la ONU ante la CPI como Dgcim, Sebin y el exterminio FAES, expresó el abogado.
Los diputados que serán electos este 6D ante la AN vienen cargados de odio, resentimiento, rabia y venganza contra los diputados de la actual Asamblea Nacional; no vienen a legislar, a controlar al poder ejecutivo; no vienen a interpelar a los responsables de la crisis económica indetenible, de salud, que sigue generando el desplazamiento forzado de millones, de venezolanos a otros países; no vienen a impulsar el informe de la misión independiente de determinación de la ONU que responsabiliza al Estado de cometer crímenes de lesa humanidad y menos la aprobación de una ley de amnistía que pudiera ayudar en la liberación de los 365 presos políticos que nunca tuvieron un juicio justo, agregó Narváez.
Seguimos en presencia de un Estado hambriento de más poder, los derechos humanos y garantías constitucionales no están en su agenda, dijo el profesional en derecho.
Nota de Prensa
