Reglas poco claras e inmunidad: la policía de EE.UU. en evidencia
/ Foto: Cortesía

La muerte de afroestadounidenses en Estados Unidos a manos de la policía por delitos menores puso sobre el tapete las atribuciones y protecciones de las que gozan los uniformados a la hora de utilizar la fuerza letal contra sospechosos y llevó al presidente Donald Trump a decretar algunos cambios.

El afrodescendiente Rayshard Brooks murió la noche del viernes en Atlanta tras recibir varios disparos por la espalda por parte de la policía.

George Floyd, un hombre negro de 46 años, murió el 25 de mayo asfixiado por un policía blanco que se arrodilló sobre su cuello en Minneapolis.

Tras estas muertes, varias voces reclamaron una drástica restricción del uso de armas y otros métodos de intervención por parte de la policía.

Es una tarea titánica en un país que cuenta con 18.000 unidades policiales, cada una con sus propias regulaciones.

Fuerza letal

La mayoría permite el uso de un arma de fuego en casos “objetivamente razonables”, cuando un oficial considera “razonablemente” que su vida está amenazada en una situación que evoluciona rápidamente.

Esta justificación explica en buena medida las escasas condenas contra los agentes de policía, en tanto los jurados pocas veces dudan de sus versiones de los hechos.

Tampoco son comunes las limitaciones del uso de la fuerza letal.

Según el “Proyecto Uso de la Fuerza”, una compilación de las regulaciones policiales en el país, menos de la mitad de los 100 mayores departamentos de policía obligan a un oficial a intentar “desescalar” una situación antes de usar su arma.

Una tercera parte de ellos autoriza a disparar sin previo aviso, y menos de la mitad requiere que el agente agote todos los métodos alternativos antes de usar la fuerza.

Solo 17 unidades policiales prohíben disparar contra un vehículo en movimiento, salvo que el mismo se utilice para embestir.

Fuga

Un fallo de 1985 de la Corte Suprema estipula que un oficial de policía no tiene el derecho de disparar contra un sospechoso en fuga, a menos que considere que el fugitivo representa un peligro para la comunidad, en particular si está armado.

Las condenas contra policías bajo esta norma son poco comunes. En 2015, un jurado de Carolina del Sur exoneró al agente Michael Slager del asesinato con varios disparos de Walter Scott, un automovilista afrodescendiente en fuga, pues lo había atacado y representaba una amenaza.

Estrangulamiento

La técnica de estrangulamiento se enseña en las academias de policía para inmovilizar a un sospechoso, pero el método puede resultar fatal.

Tras la muerte de Eric Garner en Nueva York en 2014, asfixiado por un policía que utilizó la técnica, y la de Floyd, se multiplicaron los llamados para prohibirla la llave de estrangulamiento.

Según el “Proyecto Uso de la Fuerza”, solo 28 de los 100 mayores servicios de policía prohíben en forma explícita la técnica o la limitan a situaciones en la que está autorizado el uso de la fuerza.

Pero ahora, el decreto de Trump incluye una prohibición para aplicar técnicas de estrangulamiento como método de inmovilización, a menos que “la vida de un oficial de policía esté en peligro”, dijo el presidente.

La “desescalada”

Muchos expertos estiman que la policía de Estados Unidos necesita capacitación adicional en materia de resolución de conflictos. En general, la formación policial es de unos tres meses en comparación con los tres años de algunos países europeos.

Según un estudio del Departamento de Justicia de 2016, de las 840 horas que cursa un recluta, 200 se dedican a operaciones, 71 al uso de un arma y 60 a defensa propia. Solo se dedican 21 horas al uso de la fuerza y la estrategia de “desescalada”.

Inmunidad

La policía está protegida de ser procesada por el uso excesivo de la fuerza gracias al principio de “inmunidad calificada” que le otorgó la Corte Suprema.

Algunos expertos estiman que el levantamiento de esta protección obligaría a la policía a actuar con mayor precaución y responsabilidad.

Como prueba, los montos de compensación pagados por las autoridades locales para las víctimas de la violencia policial son enormes: en 2019, la ciudad de Nueva York gastó 220 millones de dólares para resolver quejas contra la policía.

La ciudad de Denver tuvo que pagar 10,6 millones a las familias de dos hombres con enfermedades mentales que murieron bajo custodia policial en 2016 y 2017.

© Agence France-Presse




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