Varias ciudades dominicanas se sumaron este miércoles a las concentraciones convocadas por diversas organizaciones sociales para reclamar justicia en el caso de los sobornos que la constructora brasileña Odebrecht emitió en el país a cambio de la concesión de obras públicas.
En el municipio de San Francisco de Macorís (noreste) decenas de personas se manifestaron para reclamar transparencia en este caso, al igual que en Barahona (suroeste), Santiago (norte) y la fronteriza Dajabón (noroeste).
Los manifestantes estaban vestidos con algo verde y, en muchos de los casos, agitando pancartas en las que se pueden leer mensajes como «Basta ya, cero impunidad» ó «A la cárcel los cómplices de Odebrecht».
Los organizadores de esta jornada destacaron el respaldo concitado por la iniciativa «Miércoles Verde», que se celebra justo un mes después de la «Marcha Verde» que el pasado 22 de enero concentró a miles de personas en la capital dominicana en contra de la corrupción y la impunidad tras destaparse el caso Odebrecht.
La actividad concluirá con la entrega en la Presidencia de un documento que certifica las miles de firmas recogidas para reclamar la designación por parte del presidente del país, Danilo Medina, de fiscales independientes que, acompañados por la ONU, investiguen los sobornos pagados por la constructora brasileña.
Hasta el pasado 12 de febrero se habían recogido 132.400 firmas en todo el país.
Según documentos publicados el pasado 21 de diciembre por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la compañía brasileña pagó aproximadamente 788 millones de dólares en sobornos en 12 países.
Los documentos aseguran que, en concreto, la empresa pagó en el país caribeño 92 millones de dólares en concepto de sobornos para acceder a contratos millonarios a lo largo de casi dos décadas.
República Dominicana llegó a un acuerdo con la constructora brasileña, pendiente de la homologación por parte de un juez, en el que Odebrecht se comprometió a pagar 184 millones de dólares, el doble de la cantidad que admitió haber pagado en sobornos a funcionarios dominicanos para adjudicarse licitaciones de infraestructuras públicas entre 2001 y 2014.
