En busca de bienestar para ellos y sus familiares, encontraron la cárcel. Autoridades de inmigración de Trinidad y Tobago mantienen detenido a un grupo de al menos 40 venezolanos, entre los que se encuentran 11 carabobeños. Su único delito: ser “inmigrantes ilegales” que huyen de la crisis generalizada por la que atraviesa el país que los vio nacer.
William Mosquera, de 40 años, es uno de los que están presos. Decidió dejar su hogar en Flor Amarillo, al sur de Valencia, para emprender un peligroso viaje en una balsa improvisada. Estaba desempleado y con la apremiante necesidad de alimentar a sus cuatro hijos menores de edad. Su plan era trabajar como soldador y enviar remesas a su familia.
Mayra Paz, su esposa, explicó que tenía una semana de haber llegado a Trinidad y Tobago cuando, el 1° de abril, fue sorprendido por la agentes de inmigración. “Desde ese momento no he vuelto a tener contacto directo con él”. Supo que se lo habían llevado porque un conocido, que también se encuentra en la isla, la llamó para alertarle sobre la situación.
Esa llamada es la única señal que ha tenido de Mosquera hasta el momento.
«Hasta donde sé, ya fue presentado ante una corte que le puso una multa de 23 mil dólares trinitenses (TTD)», dijo. «Eso es el equivalente a más de tres mil dólares americanos (USD) y quienes no la puedan cancelar, deben pagar por su delito con un período en prisión». En el caso de Mosquera, le corresponderían tres años encarcelado solo por ser un “inmigrante ilegal”.
Paz señaló que es una suma de dinero muy elevada que evidentemente su familia no tiene cómo pagar. Mientras su esposo tiene más de un mes tras las rejas, ella en Venezuela también se siente encarcelada. Cada vez le quedan menos recursos para mantener a sus hijos. Por eso decidió acudir junto a otras familias, primero ante la Cancillería de Venezuela, donde fueron ignorados; y ahora al Foro Penal Venezolano (FPV), que este jueves les brindó asesoría.
Hombres de las zonas populares de Carabobo
Los nombres de Hernaín y Moisés Rojas, hermanos, también figuran en la lista de apresados. Ellos fueron detenidos en horas de la madrugada del mes pasado. Aunque son casos diferentes, porque salieron en viajes distintos desde febrero hasta abril de 2018, los 11 tienen varias cosas en común: En su mayoría provienen de zonas populares de Carabobo y son hombres de entre 19 y 40 años.
Dionisia Rojas, madre de ambos, está desesperada ante la incertidumbre de no saber el estado en el que se encuentran. Entre lágrimas le pidió al Gobierno de Trinidad y Tobago que los libere. «Ellos no se fueron a hacerle daño a ese país, sino a trabajar, ninguno tiene antecedentes penales en Venezuela».
Luis Armando Betancourt, coordinador regional del FPV, calificó esta acción por parte el Gobierno de Trinidad y Tobago como violatoria de los derechos humanos y recordó que ante el éxodo masivo, el Alto Comisionado de las Nacionales Unidas para los Refugiados (Acnur) emitió una resolución en la que insta a los países a reconocer a los venezolanos que emigran como refugiados.
Deberían tener la posibilidad de ser devueltos a Venezuela, irse a otro país o, en caso de haber solicitado asilo, respetar esa solicitud, sostuvo el abogado. El FPV solicitó una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para los 11 carabobeños que se encuentran presos, a fin de que se respeten y se garanticen sus derechos fundamentales.
Betancourt hizo un llamado al régimen venezolano para que sirva como mediador y al Gobierno de Trinidad y Tobago le dijo: “Entienda que las personas que están detenidas allá no son delincuentes, sino hombres que se fueron a trabajar para con el fruto de su esfuerzo poder darle un poco de calidad de vida a sus seres queridos que aún se encuentran en Venezuela sin poder comprar alimentos ni medicinas».
