Los abogados del exministro de Interior y Justicia, M/G Miguel Rodríguez Torres, informaron este jueves 29 de julio que fue realizada la audiencia de presentación de su cliente luego de tres años que se produjera su detención arbitraria en un hotel de Plaza Venezuela cuando salía de una actividad del movimiento político que fundó.
De acuerdo a una nota de prensa de los letrados, se acordó el sobreseimiento de cinco de los seis delitos que le fueron imputados por el Ministerio Público, afirmando que «no hay elementos ni prueba alguna que justifique su medida privativa de libertad».
Es preciso recordar que el exministro del Interior y Justicia fue acusado de atentar contra la seguridad de la nación, motín, espionaje, traición a la patria e instigación a la rebelión, delito por el cual se pretende juzgar, sin embargo, la defensa aclara que no hay ningún hecho real que lo configure ni ninguna prueba que lo sustente, reseña Tal Cual.
El único delito por el que se pretende que sea juzgado es el de instigación a la rebelión, sin ningún hecho real que lo configure ni ninguna prueba que lo sustente, señalan sus abogados.
La defensa de Rodríguez Torres exigió su libertad inmediata, más por la situación de salud por la que atraviesa el mayor general, porque aseguran que no ha sido atendido de forma oportuna a pesar de las solicitudes hechas a las autoridades para que lo hagan.
Miguel Rodríguez Torres fue detenido por funcionarios Sebin en marzo de 2018 tras participar en un evento con las mujeres militantes a su movimiento político en el Hotel President en Plaza Venezuela, para luego ser trasladado a la Dgcim.
El 11 de junio de 2020 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con la resolución 25/2020, otorgó medidas cautelares de protección a favor de Rodríguez Torres, al considerar que se encuentra en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos.
A mediados de mayo, los abogados defensores, Carlos Mata Zerpa y Wimen Yohan Romero, desmintieron públicamente que el militar tuviera la intención de declararse culpable en el juicio que se sigue en su contra con el fin de dejarlo en libertad. Aseveraron que ninguna de las partes estaría obligando a admitir responsabilidad alguna por los delitos de rebelión militar.
Con información de Tal Cual
