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Una vez más la Asamblea Nacional Constituyente usurpa las funciones del Consejo Nacional Electoral al convocar a elecciones municipales dejando a un lado los concejales.

En una nota de prensa, la organización no gubernamental Sumate fijó posición este viernes sobre la decisión emitida ayer jueves 26 de octubre de convocar para el próximo 10 de diciembre la elección de los alcaldes de los 335 municipios del país, sin incluir a los concejales.

La ONG criticó que la ANC esté siendo utilizada por el Ejecutivo Nacional y el PSUV para usurpar funciones de los poderes constituidos, en particular del Poder Electoral, tal como ocurrió jueves 26 del mes en curso cuando convocó a elecciones solo para alcaldes en diciembre próximo, amputando ahora al Poder Municipal, como lo hizo el pasado 12 de agosto con el Poder Estadal.

Según Súmate, se transgrede lo dispuesto en los artículos 82 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, que indica que el período de estos funcionarios es de cuatro años, y 2, numeral 2, de la Ley de Regularización de los Períodos Constitucionales y Legales de los Poderes Públicos Estatales y Municipales que establece que las elecciones de alcaldes y concejales deben ser convocadas y efectuadas conjuntamente.

Con esta decisión quedan también en el limbo las elecciones para concejales, a quienes se les vence su período en diciembre de este año, ya que fueron electos, al igual que los alcaldes, el pasado 8 de diciembre de 2013, acorde con lo establecido en los artículos 174 y 175 de la Constitución.

En el escrito, la organización reiteró que la actual ANC es inconstitucional, ya que su convocatoria no fue hecha por el pueblo venezolano, tal como exige el artículo 347 de la Constitución; además de que sus bases comiciales fueron antidemocráticas, y el proceso de elección de sus integrantes fue realizado al margen de la Constitución y las leyes electorales. También porque quienes la conforman en su totalidad son militantes del PSUV, por lo cual nunca será una institución legal ni idónea para superar la profunda crisis económica, social, política, institucional y ética por la cual atraviesa la República.

CASO ZULIA

Súmate calificó como otra violación al Estado de Derecho la decisión tomada por la mayoría de los legisladores del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en el Consejo Legislativo del estado Zulia (CLEZ) de declarar la vacante absoluta del cargo de gobernador, por negarse el mandatario electo Juan Pablo Guanipa a juramentarse ante la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente (ANC). Lo único que establece la ley es que lo haga ante los parlamentos estadales.

La decisión del CLEZ es nula, según la organización. “No está avalada ni soportada en la Carta Magna, ni leyes de la República, por lo cual debe ser desconocida por todos los ciudadanos”.

Se fundamenta esta posición en el artículo 25 de la Constitución que estipula: “Todo acto dictado en ejercicio del Poder Público que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución y la ley es nulo, y los funcionarios públicos y funcionarias públicas que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa, según los casos, sin que les sirvan de excusa órdenes superiores.”

A los legisladores estadales del PSUV en el Zulia les advirtió la organización en su escrito que con esta decisión de declarar la vacante absoluta del cargo de gobernador de su estado, sin que ello hubiese ocurrido realmente, están desconociendo y burlándose de la soberanía popular expresada en el voto el pasado domingo 15 de octubre que eligió a Juan Pablo Guanipa para el período de cuatro años (2017 – 2021), según los resultados publicados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) en su sitio web

Esto podría acarrear responsabilidad penal, civil y administrativa, tal como prevé el artículo 25 de la Constitución. Alertó que cuando se rescate la institucionalidad de la República, estos legisladores estadales del PSUV no podrán argumentar que tomaron esta decisión por órdenes superiores, aunque por todos es sabido que la misma obedece a un capricho personal del Presidente de la República en su afán de otorgarle legitimidad a la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente (ANC), que desde su convocatoria, bases comiciales, forma de elección y desempeño es contraria a lo establecido en la Constitución.

Otro asunto analizado por Sùmate fue lo referente al juramento al cual se sometieron cuatro gobernadores acciondemocratistas ante la ANC. “Ellos se deben únicamente al pueblo que los eligió, y que es el único que los puede destituir a través del voto, tal como lo expresa el artículo 5 constitucional, que señala  que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público. Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos.”




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