La abogada defensora de Derechos Humanos y directora Ejecutiva de Casla Institute, Tamara Suju, celebró que la Corte Penal Internacional publicara la versión completa de las observaciones de la exfiscal Fatou Bensouda ante la sala de jueces, en la que reconoce la comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
A través de su cuenta en Twitter, Suju detalló que según Bensouda, al menos desde 2017 autoridades civiles, Fuerza Armada y militantes progobierno han cometido crímenes de lesa humanidad, como detención arbitraria, tortura, crímenes de violencia sexual y persecución de grupos políticos minoritarios.
En cuanto a la complementariedad, Según Suju la fiscalía consideró que es admisible el proceso, dada la inacción del Estado, el número limitado de procedimientos relacionados con los casos y la falta de pasos concretos para determinar la responsabilidad de los altos jerarcas.
Las autoridades no están dispuestas a investigar o enjuiciar dichos casos, pues por el contrario, ellos protegen a las personas y no son imparciales e independientes, aseveró la también delegada de la Asociación Mundial de Juristas ante la CPI.
Sujé es del criterio que al conocerse la versión de la fiscal y que en Venezuela las autoridades están cometiendo crímenes de Lesa Humanidad, el nuevo fiscal Karim Kan debe tomar la decisión de abrir esta investigación, ya que se considera que los casos que están siendo estudiados en la corte pueden ser admitidos. «Este es un día histórico para los venezolanos, porque todo lo que se ha dicho en ese documento sobre las observaciones de la fiscal es lo que han vivido las víctimas, por falta de justicia, por falta procesos independientes y creíbles y porque no hay un solo investigado de los altos responsables, empezando por el presidente y la cadena de mando».
Venezuela va a ver justicia, aseveró la abogada. «La justicia llega».
Más temprano, la Fiscalía de la CPI publicó un documento en el que aborda el recurso introducido por el fiscal general, Tarek William Saab, y que confirma que ha habido inacción por parte del Estado venezolano para procesar y sancionar los casos de crímenes de lesa humanidad cometidos en el país.
“Es significativo que, habiendo revisado la información presentada por las autoridades nacionales, los casos potenciales que probablemente surgirían de una investigación sobre la situación serían admisibles en términos de inacción. Esto se debe al número limitado de procedimientos internos pertinentes relacionados con los posibles casos identificados por la Fiscalía; su alcance muy limitado en relación con sus hallazgos; y la falta de pasos concretos y progresivos en esos casos para determinar la responsabilidad penal de los sospechosos”, reza el documento de la CPI.
El documento establece además dudas sobre la imparcialidad de la justicia en Venezuela. «Según la información disponible, se han iniciado procedimientos internos o se han adoptado decisiones nacionales con el fin de proteger a las personas de la responsabilidad penal, pero las investigaciones se han llevado a cabo de una manera que es incompatible con una intención de llevar al interesado ante la justicia».
